Fue a instancias del propio Eduardo Duhalde, quien busca herramientas para negociar mejor con las empresas privatizadas. Lo cierto es que la bancada de diputados oficialistas empezó a analizar modificaciones a la ley de Emergencia Pública para imponer sobre la prevista renegociación de contratos un férreo control del Congreso y de las asociaciones de consumidores. La intención es preparar el terreno para una serie de encuentros formales como el que el martes tendrán las principales prestadoras de servicios públicos con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.
La ley de Emergencia prevé la pesificación de las tarifas de servicios públicos y abre una instancia de negociación para definir el futuro de esos precios, que ya no estarán ligados ni al dólar ni a la inflación estadounidense. Esa discusión empresa por empresa significaría revisar íntegramente los contratos, sometiendo al juicio de los negociadores cuánto y cómo cumplió cada una de ellas y qué tan consistentes son sus planes en ejecución.
El ámbito de negociación formal para llegar a un nuevo acuerdo todavía no está definido. Pero sobran contactos de tipo informal entre las empresas y el gobierno, incluido el propio Presidente. Los llamados y pedidos de entrevista no sólo dan lugar a demandas de los directivos locales de las prestadoras, sino también de diplomáticos de los países a los que pertenecen las firmas que integran las sociedades adjudicatarias.
El jueves, cuando trabajosamente los funcionarios de Economía intentaban rediseñar el corralito financiero y las provincias advertían en mal tono a Duhalde que estaban colapsando, los diputados justicialistas discutieron cómo dotar de más poder al gobierno para encarar aquella discusión. Las propuestas surgieron rápido.
Una posible modificación será crear una comisión de seguimiento de las renegociaciones, cuyos dictámenes deberían ser aprobados por ambas cámaras y tendrían carácter vinculante. Esto significa una modificación drástica respecto a la bicameral que debió vigilar las privatizaciones durante la era menemista, cuyos pronunciamientos quedaban en la oscuridad de ese cuerpo parlamentario y sólo servían para respaldar decisiones del Ejecutivo, no siempre ceñidas a la ley.
El otro retoque en ciernes a la Emergencia permitiría incluir en las negociaciones a las asociaciones de consumidores, que no tendrían poder resolutivo pero sí posibilidad de acceder a las discusiones. Algunas de ellas ya estuvieron presentes en reuniones preparatorias que las empresas tuvieron con algunos representantes patronales y gremiales, pero con aquel añadido a la ley formalizarían esta intervención.
El último y más urticante punto de análisis estuvo referido a la posibilidad de facultar al Gobierno para rescindir sin costos los contratos en caso de que las prestadoras se negaran, por ejemplo, a la pesificación de sus tarifas. No hubo consenso respecto a este elemento de presión adicional, pero la amenaza resulta innecesaria ya que las empresas están dispuestas a negociar. No sólo porque lo consideran inevitable, sino porque ya tomaron recaudos frente a una eventual devaluación, desde seguros hasta la remisión íntegra de sus ganancias al exterior.
Un caso testigo quizás sea el de la Transportadora de Gas del Sur -originalmente en manos de la sociedad integrada por Pérez Companc y la quebrada Enron– que sacó hasta el último peso de utilidad de la compañía que, sin embargo, tiene una deuda extrañamente alta en relación a sus inversiones.
A decir de los legisladores oficialistas, sobran elementos para poner sobre la mesa de negociación. Bien podrían compararse los sueldos que cobran los directivos locales de las prestadoras en relación al que se pagan en las matrices de las empresas extranjeras que integran la sociedad adjudicataria, presuntamente más bajos. O ver cuántas importacionesrealizaron de firmas vinculadas, dando origen a una deuda en dólares que bien podría considerarse un autopréstamo. Y, por supuesto, cómo evolucionaron sus tarifas, en relación a la calidad del servicio e inversiones.