En el Gobierno se escuchan frases del tipo: “Esto es a todo o nada”, “el esquema de salida de la Convertibilidad funciona o en tres meses nos vamos”, “nosotros estamos jugando sin plan B”, “si esto fracasa, la Argentina cae cuatro escalones”. Frente a una situación de tal dramatismo, los responsables de la conducción económica decidieron abrir el juego. Esta semana, Jorge Remes Lenicov recibirá en su despacho a economistas y funcionarios de Brasil, México y Chile, en una reunión organizada por el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias, y por el FMI. Entre los asistentes estará el presidente del Banco Central de Brasil, Arminio Fraga, a quien se le asigna el mérito de haber encaminado la devaluación del real –de enero de 1999–, tras los revolcones iniciales que padeció su antecesor, Chico López.
Frente a la complejidad de la crisis argentina, se resolvió convocar a quienes en el pasado atravesaron por situaciones similares: por ejemplo, el Tequila mexicano de 1994 y la referida devaluación brasileña. A la vez, estarán especialistas latinoamericanos y de Estados Unidos en la crisis del sudeste asiático de fines de 1997. En muchos de esos casos, se combinaron y potenciaron el derrumbe económico con la destrucción del sistema financiero, tal como ocurre hoy en Argentina. Pero aquí se agrega un elemento adicional. El Gobierno se mueve por un desfiladero muy estrecho, a causa de la implantación del corralito, al cual Duhalde calificó como “una bomba de tiempo”. Economía está ante la encrucijada de hierro: si endurece el corralito, se congela la economía. Y si lo flexibiliza corre el riesgo de que caigan algunos bancos. Remes Lenicov tendrá que tomar sus decisiones con ese escenario de fondo.
Como en el famoso “cubo mágico”, el Gobierno se encuentra en que cada vez que quiere acomodar un lado se le descompagina el flanco que había acomodado antes. Y eso es lo que le ocurre con el sistema financiero. Habilitar el movimiento de fondos dentro del corralito, mediante transferencias electrónicas de un banco a otro, puede dejar expuestas a algunas entidades por pérdida de recursos. Pero trabar la economía no es solución. Como si eso no fuera de por sí bastante problema, el equipo económico tiene que resolver otro: cómo hacer para que no se produzca un masivo encadenamiento de quiebras empresarias por la imposibilidad de pagar sus créditos en dólares. Los lobbies empresarios plantean que el Estado rescate tanto a los endeudados como a los acreedores.
En coincidencia con los grandes bancos, las empresas de capitales extranjeros y los grandes grupos nacionales cerca de Remes Lenicov afirman que la economía no podrá reconstituirse sin un amplio plan de ayuda para los ganadores del modelo económico de los 90. El punto es quién paga la cuenta. Para que no sean los ciudadanos de a pie, por vía de la pesificación de las deudas empresarias acompañada por la pesificación de los depósitos, ni que haya un bono a cargo enteramente del Estado, la única solución que advierten en el Palacio de Hacienda es la ayuda internacional. En función de que la crisis es tanto o más grave que la de México hace ocho años o las de los tigres asiáticos hace cinco, el Gobierno aspira a recibir igual tratamiento al que recibieron antes aquellos caídos en desgracia. Es decir, obtener un crédito de salvataje por la friolera de 30 mil millones de dólares, cifra igualmente inferior a la destinada para los casos mencionados.
Pero antes de poder soñar con ese dinero –sin el cual, afirman dentro y fuera del Ejecutivo, este plan no tiene más destino que el del fracaso–, el Gobierno dice que está forzado a hacer los deberes que pide el FMI. El primero, evitar la disparada del dólar y de la inflación. Respecto de la paridad cambiaria, en Economía estarían muy conformes si esta semana se mantuviera en torno a 1,70 peso por dólar. Y sería un golpe difícil de asimilar si avanzara hasta la temida relación de 2 a 1. El mecanismo más eficaz para controlar que no se escape es un corralito muy estricto. Pero, otra vez, esto se choca con la necesidad de oxigenar la economía.
El segundo requisito es la aprobación del presupuesto para este año con un ajuste de magnitud inédita. El proyecto se enviará esta semana al Congreso y allí se verá que el Gobierno está dispuesto a cumplir con esa demanda. Sin embargo, el ajuste enfrentará a la administración Duhalde a otro riesgo, el previsible rechazo de los afectados por el recorte de gastos, que seguramente serán los mismos de siempre: estatales de la Nación y las provincias, jubilados y todos los argentinos que recibirán peores prestaciones del Estado. Como todo este proceso es tan difícil, en el Gobierno dicen que si el presupuesto genera una ola de repudio social, se intentará calmarlo con otro proyecto. No hay más remedio que seguir con el sistema de prueba y error, afirman en filas duhaldistas.