Por Eric Calcagno

La vida cotidiana de los habitantes y el funcionamiento mismo de la economía pueden tener diferentes destinos inmediatos según el tipo de políticas que se apliquen o se dejen de aplicar. Las medidas de corto plazo necesarias para restablecer un funcionamiento de la economía también definen un modelo de mediano y largo plazo: es ahora cuando se redefinen los beneficiarios y perjudicados del modelo. Los criterios que se adopten incidirán en la vida de los argentinos, en la estructura de poder, la distribución del ingreso y el funcionamiento de la economía. Eso lo ha comprendido el establishment aferrado a sus privilegios que presiona por todas las vías posibles, incluso a través de gobiernos extranjeros. Introducir un nuevo modelo más equitativo significaría de por sí una mejoría muy importante en la vida cotidiana, aun si sus resultados en términos de bienestar serán modestos en el corto plazo. Existe una paradoja fundamental en estos días: el Gobierno necesita reinyectar liquidez en la economía, para restablecer el sistema de pagos e intentar una reactivación productiva sobre la base de la capacidad ociosa existente en la industria; al mismo tiempo, debe evitar que la liquidez resultante se vuelque a la compra de dólares y provoque una devaluación excesiva en el mercado libre. Una corrida especulativa alejaría la reactivación e introduciría presiones inflacionarias; tal vez acabaría con otro presidente más. Esto puede explicar la estrategia gradual en el camino a la flotación cambiaria, como también justifica algún grado de limitación en la disponibilidad de los plazos fijos. En este esquema, el sistema del corralito sirve a diferentes actores con diferentes objetivos. Sirve a los bancos, que más allá de rasgarse las vestiduras saben que es el único medio para no perder más depósitos; sirve al Gobierno, para impedir la compra de dólares en un esquema especulativo. ¿Quiere decir esto que no se puede inyectar la liquidez necesaria para la reactivación? Para dar una respuesta, un poco de teoría económica no viene mal después de los años de oscurantismo monetarista; vemos entonces con claridad que el problema no es, en esencia, la cantidad de moneda, sino quién la tiene y para qué la usa. Así es como el eje del problema pasa por limitar la liquidez de algunos agentes y proveer liquidez a otros, lo cual configura futuros económicos harto diferentes y realidades políticas no menos variadas. Es posible imaginar que la salida de la crisis pasa por emitir pesos y distribuirlos entre aquellos que no vayan a comprar dólares, sino bienes de primera necesidad. Cobra particular importancia entonces el pago de un subsidio por desempleo, por ejemplo; al mismo tiempo, es preciso generar la cantidad de crédito necesaria para el capital de giro de los productores nacionales de esos bienes, poco intensivos en insumos importados pero sí en empleo. Esto aumentaría la demanda de moneda para transacción y no para especulación, con el consiguiente efecto reactivador; en las actuales circunstancias, este tipo de emisión, mantenida dentro de límites acotados, no tiene por qué generar presiones inflacionistas o especulativas. Hasta que el dinero llegue a agentes que lo cambien por dólares puede existir suficiente demanda de moneda para transacción generada.
De este modo, el aumento y sostenimiento del consumo popular no aparece como una medida “demagógica” sino que parece ser una de las pocas maneras de descomprimir una situación calamitosa. El corralito es, sin duda, un problema (sobre todo para la clase media), aunque por el momento es funcional a diversos intereses; también es un problema, y acaso más urgente, la cantidad de población bajo la línea de pobreza. Pensar en una reactivación a través del consumo popular puede ser una de las pocas soluciones posibles, pero es además la más deseable desde el punto de vista de la equidad. A más largo plazo, le da sentido a una estrategia de crecimiento industrial (que incluya la agroindustria) sobre la base del mercado interno y del Mercosur, capaz de crear economías de escala que generen competitividad sistémica (además de la que da la devaluación) y exportaciones de mayor valor agregado. El financiamiento de este programa no se puede basar sólo, ni principalmente, en la emisión; requiere el cobro de impuestos. Estos gravámenes pueden apuntar a las ganancias de capital obtenidas por los tenedores de dólares como consecuencia de la devaluación; a los beneficios extraordinarios de las empresas privatizadas –ya sabemos en qué condiciones– obtenidos a lo largo del apogeo del modelo neoliberal; a las exportaciones petroleras que recibe 40 por ciento más de pesos por dólar exportado; a los haberes de nacionales en el exterior. También hay que revisar un sistema previsional en esencia irracional y costosísimo para el fisco y para los aportantes... hay tela para cortar. Por último, cambiar la vida de los argentinos en un sentido que los saque del calvario cotidiano implica decisiones políticas fuertes. Por acción u omisión, éstas serán las que marquen la suerte del actual gobierno.