El consenso mayoritario de la opinión pública coincidía con la idea de la nacionalización, e incluso rechazaba la propuesta de una compañía mixta. Era la recuperación de una empresa estratégica que estaba en manos de una potencia imperialista y la reafirmación de la identidad nacional. El 1º de mayo de 1948, el primer gobierno de Juan Domingo Perón tomó formalmente posesión de los ferrocarriles británicos en un acto público multitudinario. Se trató de una de las negociaciones más publicitadas y también más discutidas de esa administración por parte de los historiadores. La principal controversia giró en torno del precio de adquisición de los trenes, no tanto los beneficios de la recuperación de una herramienta fundamental para el crecimiento. Entre ellos, el traspaso al Estado del control del sistema tarifario y la incorporación al activo público de millones de hectáreas de tierra en todo el país a lo largo de los casi 24.500 kilómetros de vías. Los críticos de esa operación señalaron que se habían comprando “hierros viejos” a valores injustificados, sobreprecio que fue avalado por el entonces presidente del Banco Central y negociador argentino en esa transacción, Miguel Miranda, “por razones sentimentales y de agradecimiento a Gran Bretaña”. Lo cierto es que el Reino Unido había dejado de invertir en la red ferroviaria argentina por la exigencia financiera que sobrellevó a partir de la Primera Guerra Mundial. La creciente obsolescencia del material rodante por la nula inversión, en un contexto de acelerada competencia a partir de los años ’30 con el transporte automotor, implicó la caída de los márgenes de ganancias para el administrador privado de los trenes.

La historia no se repite de la misma manera porque los protagonistas son diferentes, el objeto en discusión también y es distinto el contexto local e internacional. Pero hitos del pasado ayudan, a veces, a comprender mejor el presente y a pensar estrategias más eficientes tras un objetivo que se presente parecido al de entonces. Las variadas alternativas que se manejan en despachos oficiales sobre el futuro del capital accionario de Repsol YPF y la reconquista de la renta petrolera merecen una evaluación más rigurosa que el folklore de levantar la bandera de una reivindicación histórica, como en su momento fue la de los trenes.

En el actual escenario energético regional de recuperación de la renta petrolera y panorama mundial convulsionado por la captura de áreas estratégicas (guerra de Irak), el esquema argentino para el manejo del crudo no sólo ha quedado descolocado sino que también pasó a ser inconsistente. En la década pasada, el modelo energético cambió de uno estatal a uno privatizado, transformando él petróleo de un bien estratégico a un simple commoditie. Argentina comenzó a exportar petróleo y equiparó el precio del combustible local al valor internacional del barril. Así, la renta petrolera mudó en su totalidad a manos privadas. El actual gobierno intervino en el mercado desconectando el precio local del internacional, a la vez que aplicó retenciones a las exportaciones capturando, de esa forma, una pequeña porción de esa renta extraordinaria.

Resulta realmente impresionante la velocidad del rally alcista del petróleo desde la privatización de YPF. A fines de 1998, el barril se ubicaba en 10 dólares. No había peor momento para vender una petrolera que en ese año. Y eso fue lo que se hizo con el paquete remanente de YPF en manos del Estado. Tan “oportuna” operación se concretó en el segundo gobierno de Carlos Menem, con Roque Fernández como ministro de Economía y Roberto Dromi, ex ministro de Obras Públicas, actuando como nexo con los españoles de Repsol. Desde entonces, el crudo no paró de subir, acelerando su tendencia alcista a partir de 2002 hasta cotizar en estos días cerca de los 65 dólares. Tampoco pararon de subir las ganancias, el patrimonio y el valor de mercado de las petroleras.

Peor negocio no se podía haber realizado. En Economía, donde se mantiene una postura crítica respecto de la efervescencia existente en algunas líneas del Ministerio de Planificación por una eventual recompra de YPF (“ellos no tienen que trabajar para juntar la plata”, dicen cerca de la ministra), analizan que hoy la valuación de la compañía es elevada debido a un precio del barril muy alto. Vender barato para luego comprar caro no se presenta como una hábil operación comercial. Si bien fantasean con la cantidad de proyectos que se podrían realizar si el Estado hubiera retenido la totalidad de la fabulosa renta petrolera, mencionan que existen otras prioridades para el dinero que se destinaría para adquirir una porción de YPF. Destacan, en especial, la necesidad de millonarias inversiones en infraestructura para evitar cuellos de botella en el transporte de la producción en una economía de crecimiento acelerado. Rutas y trenes –consideran– son más importantes que pasar a tener una participación minoritaria en la petrolera, paquete accionario que no brindaría poder de decisión ni el manejo gerencial. Ese análisis no ignora que en el Gobierno están enojados con los españoles de Repsol porque prometen inversiones que luego no realizan, lo que se traduce en estancamiento y hasta caída de la producción. Con una visión pragmática más que emocional, en Economía sugieren que es preferible desarrollar la petrolera estatal Enarsa, inyectando los 3000 o 4000 millones de dólares que demandaría la recompra de una parte de YPF, y buscar asociaciones con otras petroleras regionales, como la sellada con la venezolana Pdvsa para la explotación de un área en la rica Faja del Orinoco. Además, con estricto criterio jurídico, señalan que hay que dejar que venzan las concesiones de las áreas para recuperarlas para el activo público o, si no se cumplieron los contratos en el rubro inversiones, directamente revocarlas sin necesidad de desembolsar un peso.

Las reservas han descendido a un nivel históricamente bajo debido a la escasa, si no nula, inversión en exploración en los últimos años. O sea, además de pagar más caro por un barril que se disparó a las nubes, lo que se adquiriría serían pozos maduros, con un horizonte declinante de reservas y ninguna cuenca nueva descubierta por falta de inversiones. Según información de la Secretaría de Energía, el horizonte de reservas (que representa la cantidad de años de extracción que permiten mantener las mismas) cayó a 8,1 años para el petróleo y 8,7 años para el gas, cuando en el 2004 era de 9,1 y 10,2, respectivamente. Estos datos alarmantes toman mayor relevancia si se los compara con los niveles anteriores a la desregulación de los hidrocarburos y a la privatización de YPF. La reservas hidrocarburíferas argentinas alcanzaban, en 1988, para mantener casi 14 años la extracción de petróleo, y 37 años la de gas. Para preservarlas había que haber seguido invirtiendo en exploración, millones de dólares que no fueron aportados por el sector privado. La mayoría de los yacimientos que explotan las compañías privadas fue descubierta por la YPF estatal gracias a la inversión de riesgo de la “ineficiente” empresa pública.

Existen cuestiones de política internacional y de conveniencia de cuidar una alianza estratégica con España –además de la cuestión financiera– que han frenado los ímpetus de un sector del Gobierno para la nacionalización de YPF. La administración de José Luis Rodríguez Zapatero se ha convertido en el principal aliado del país en el hostil club de las naciones poderosas. Además, España ha decidido, como un estandarte de soberanía energética, mantener bajo su bandera a sus compañías del sector (Endesa, Gas Natural, Iberdrola y Repsol). En ese contexto, como a fines de la década del 40 con la nacionalización de los ferrocarriles que tuvo como uno de los objetivos la recomposición de la relación con Gran Bretaña luego de la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial, hoy el principal vínculo con España pasa por Repsol YPF. Puede haber muchos caminos a transitar en ese matrimonio, pero habría que evitar que los historiadores, como en su momento consideraron “hierros viejos” a los trenes que se compraron a los británicos que se querían ir de Argentina, vayan a definir en un futuro una eventual recompra de YPF como la adquisición de “pozos secos” motivada por “razones sentimentales y de agradecimiento” a España.