Ayer se cumplió un mes de la apertura de la opción jubilatoria. En ese lapso, 355.528 personas abandonaron las AFJP para pasar al régimen de reparto. Es un número elevado, sobre todo en comparación con la proyección que arriesgaban expertos del sector privado cuando se discutía la reforma en el Congreso: decían que a lo sumo las administradoras perderían medio millón de afiliados. El cálculo les quedó corto. Su alarma seguramente será mayor al conocer la estimación de traspasos que maneja la Anses, en base a lo ocurrido en los últimos treinta días: el 31 de diciembre, cuando finalice el período para cambiar de régimen, 2,2 millones de argentinos habrán elegido el sistema estatal.

El 83 por ciento de los que pasaron a reparto son aportantes regulares. Eso significa que las AFJP están perdiendo un número significativo de clientes a los cuales les cobraban comisiones todos los meses. Es decir que su fuente de ingresos se está viendo afectada. Entre la pérdida de afiliados y la disminución de ganancias, el sistema de capitalización se debilita y queda expuesto a modificaciones más profundas, estructurales, más allá de la libre opción. No es algo que vaya a ocurrir en el corto plazo, pero el mapa de su negocio dio un vuelco. Era lo que temían las administradoras y la razón por la cual hicieron lobby durante años contra la posibilidad de que sus afiliados pudieran volver a reparto. Temían lo que pudiera ocurrir cuando se abriera la caja de Pandora.

A los traspasos voluntarios habrá que sumar otros, que producirá la Anses por decisión propia y porque lo marca la nueva ley previsional. En el primer caso, se trata de los trabajadores que aportan a regímenes especiales, como docentes primarios, secundarios y universitarios con dedicación exclusiva, científicos, diplomáticos y jueces. Son cerca de 300 mil personas que a fin de mes pasarán a reparto. El dinero que tenían acumulado en sus cuentas de capitalización por aportes realizados en esas actividades –cerca de 2000 millones de pesos– también irá al Estado.

Además, por ley, serán transferidos al régimen público las mujeres mayores de 50 años y los hombres de más de 55 que hayan capitalizado menos de 20 mil pesos. El Estado los rescata porque la jubilación que les esperaba de continuar en una AFJP era insignificante, mucho menos que la mínima. En un primer momento, la Anses señaló que se trataba de 1.169.000 personas. Sin embargo, la depuración de padrones que está realizando la Superintendencia de AFJP arrojaría un número mayor. Serían cerca de 1.400.000. Esas personas tienen la posibilidad de permanecer en una administradora, para lo cual deben hacer un trámite ante la Anses, pero hasta el momento no se conoce a nadie que lo haya hecho.

Para completar la cuenta de traspasos de las AFJP al sistema de reparto seguramente habrá que sumar a más de 500 mil monotributistas. Fuentes oficiales anticiparon a Página/12 que los inscriptos en ese régimen que hayan realizado aportes entre 1994 y 1999 y conserven una cuenta en una administradora serán desafiliados y anotados en reparto. Es lo mismo que ya se dispuso para los trabajadores de regímenes especiales. De acuerdo a la ley de monotributo, sus adherentes aportan actualmente a reparto –no tienen que optar– y cuando se jubilen, si siguen siendo monotributistas, tendrán derecho a la jubilación mínima. Entre 1994 y 1999, los monotributistas –la mayoría eran autónomos– podían elegir entre una AFJP y el Estado, y aquellos que lo hicieron por una administradora quedaron en una suerte de limbo. Ahora, el dinero que habían juntado pasaría a la Anses.

Para establecer la cifra de traspasos totales, entonces, habrá que sumar las 2,2 millones de personas que lo harían voluntariamente, 300 mil trabajadores de regímenes especiales, 1,4 millón de mujeres mayores de 50 años y hombres de más de 55 y más de 500 mil monotributistas. Ello arroja 4,4 millones de afiliados a la jubilación privada que cruzarán de vereda. Con ello, las AFJP pasarían de los 11,5 millones de clientes actuales a algo más de 7 millones. El sistema de reparto, en tanto, crecería de 2 millones a 6,5 millones. Es decir, a fin de año quedarían prácticamente igualados.

Una aclaración importante es que las AFJP deberán seguir administrando indefinidamente el dinero ahorrado por aquellos afiliados que opten por el sistema estatal, sin cobrarles nada por esa tarea. Cuando se jubilen, esas personas cobrarán un haber mixto, con una parte que surgirá de lo capitalizado en su AFJP hasta el día del retiro, y otra por los aportes al Estado.

El plazo para ejercer la opción vence el 31 de diciembre y después habrá un período de cinco años durante el cual no será posible cambiar de régimen, en ninguna dirección, hasta que otra vez se abra la tranquera. El trámite para pasar de una AFJP al Estado es sencillo. Se hace a través de Internet, ingresando a la página www.opcionjubilatoria.gov.ar. Después de completar el formulario, hay que imprimir tres copias y llevarlas a cualquier oficina del Correo Argentino, de Oca o de la Anses. Los traspasos se efectivizarán el 1º de enero de 2008.

El golpe para las AFJP es todavía mayor. La nueva ley previsional establece que, de ahora en más, las personas que ingresan al mercado laboral y no optan por ningún sistema son anotadas en reparto. Desde 1994 hasta el mes pasado era al revés: los indecisos eran derivados a una administradora. Por esa vía, las AFJP conseguían el 80 por ciento de sus clientes. En 2006, fueron 575 mil personas, contra 125 mil que se anotaron voluntariamente en el sistema privado. En los próximos años, el régimen de reparto crecerá cuatro veces más que el de capitalización.