Entre otras misiones inconclusas en la función pública, Claudio Uberti se fue con una que difícilmente su sucesora al frente del Organo de Control de Concesiones Viales, Emma Albrieu, pueda soslayar. Casi cuatro años después de que expirasen las primeras concesiones de rutas nacionales por peaje, ni ese organismo ni ningún otro del Estado nacional resolvió sobre un millonario paquete de acreencias estatales contra las más grandes constructoras del país, que el propio Occovi había estimado en 824 millones de pesos. La compleja discusión dentro del Gobierno por la cobranza que no fue compromete a otros hombres que aún tienen responsabilidad en el Gobierno, como al actual secretario de Comunicaciones, Lisandro Salas, y el procurador general del Tesoro, Osvaldo Guglielmino.

En octubre del 2003 expiraron los contratos de concesión de rutas nacionales por peajes privatizados durante el gobierno de Carlos Menem y renegociados luego bajo esa gestión, primero, y durante la administración aliancista, después. Néstor Kirchner resolvió reprivatizarlas con un esquema diferente, que limita a las adjudicatarias a las tareas de mantenimiento reservando para el Estado las obras para mejorar la infraestructura, de mayor envergadura y costo.

Pero la partida de los adjudicatarios originales dejó abierto un paquete de reclamos cruzados millonarios, en cuya resolución le cupo a Uberti un papel relevante. El denominado “club del peaje”, integrado por célebres constructoras pertenecientes al grupo Roggio, Macri y Techint, entre otras, reclamaba al Estado por el pago atrasado de subsidios, que se les pagaban a condición de que no aplicaran estrictamente las cláusulas de ajuste de tarifa dispuestas en contrato. Pero el conjunto de esas firmas debía al Estado multas e impuestos por grandes incumplimientos en los planes de obra.

Esta discusión todavía no está zanjada, en parte por diferencias de criterios entre los propios técnicos oficiales. El Occovi estimó que las acreencias a favor del Estado sumaban 824 millones de pesos. Pero la Unidad de Renegociación de Contratos opinó algo distinto a través del representante alterno del Ministerio de Planificación. Ese lugar lo ocupó Lisandro Salas, actual titular de Comunicaciones. La Unidad tomó el tema en sus manos a pesar de que excedía su competencia, porque en esta ocasión no se trataba de reformular un acuerdo a la luz de la Emergencia Económica.

En una nota del 17 de octubre del 2003, Salas consignó que las “empresas concesionarias registran un grado de cumplimiento aceptable de sus obligaciones, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrollaron los años 12 y 13 de las respectivas concesiones”. “Según los análisis y determinaciones efectuadas hasta la fecha, los actuales concesionarios arriba consignados, resultan acreedores del Estado nacional.”

En uno de sus varios informes sobre el tema, la Auditoría General de la Nación hizo notar esas incongruencias, al punto que realizó un muestreo aleatorio de cinco concesionarias. De acuerdo a la información del Occovi debían al Estado más de 200 millones. Según la Uniren, eran acreedoras por más de 100.

El entredicho fue provisoriamente resuelto por la Comisión de Concesiones, creada para este proceso de transferir las rutas de unas manos privadas otras. Al igual que el Occovi, ese grupo también está presidido por Uberti, quien optó por convalidar el criterio de Salas, aunque era contrario al del organismo que él mismo comandaba. De todos modos, no hubo ninguna resolución formal y definitiva que permitiera clausurar la cuestión en términos perentorios, en un sentido o en el otro.

Pero si se atiene a las observaciones de la propia AGN, no había muchos elementos para apoyar el criterio Salas, que según los auditores no habría respetado la legislación vigente. Tan así es que se les habrían reconocido a las empresas compensaciones por mayores costos en las obras y hasta por el pago del impuesto al cheque, entre otros puntos observados.

La Procuración del Tesoro tuvo también un papel clave en esta historia irresuelta. El proceso de liquidación final en parte se paralizó a la espera de iniciar una “acción de lesividad”, por la cual el Estado cuestiona alguna norma por juzgarla dañina a los intereses comunes y dispone la reparación correspondiente. Estaban en juego el decreto que permitió el ajuste por Libor en plena convertibilidad y la renegociación aliancista posterior, que lo reemplazó por otro mix de precios locales.

Como los aumentos de tarifas se reemplazaron por subsidios, sobre aquella base se computaron esas subvenciones, tanto para pagarlas como para que las empresas las exijan, contraponiéndolas a sus propias deudas.

Pero en julio del 2005, el procurador Guglielmino entendió que no había lesividad posible y bloqueó este atajo legal a favor del Estado.