Hace un año y trece días, la Corte Suprema le ordenó al Congreso que restablezca “en un plazo razonable” la movilidad de las jubilaciones, de manera que guarden relación con los salarios de los trabajadores en actividad. Para los jueces supremos, ese plazo ya venció y en su plenario de hoy comenzarían a discutir salidas posibles: algunos plantearían un ultimátum o llamado de atención hacia el Poder Legislativo; otros se inclinarían por fijar directamente un índice de actualización de los haberes. El procurador general, Esteban Righi, les mandó días atrás un breve dictamen donde considera que en la sentencia del año pasado, conocida como “Badaro”, el alto tribunal estableció un criterio novedoso y que no sería prudente de su parte decir cómo debe aplicarse.

La mayoría de los jueces de la Corte parte de la base de que los últimos dos aumentos a los jubilados que concedió el Gobierno con posterioridad al fallo “Badaro” no resolverían el meollo del asunto: la restitución de la movilidad. La sentencia de agosto de 2006 señalaba la necesidad de diseñar por ley un sistema que garantice la correlación de las jubilaciones con la evolución de los salarios. El mecanismo que aplica actualmente el Poder Ejecutivo va por otro camino: consiste en un incremento anual expresado en la Ley de Presupuesto.

En el Congreso, en todo este tiempo sólo se ocuparon de escribir proyectos los partidos de oposición. En Diputados, una comisión especializada avanzó en una propuesta de Claudio Lozano (CTA) y María América González (ARI), que impulsa un esquema para ajustar los haberes previsionales en un 50 por ciento por la evolución salarial y un 50 por ciento por la recaudación. La iniciativa logró el respaldo de todos los bloques menos el oficial y quedó abortada cuando el Gobierno anunció el año pasado un aumento jubilatorio del 13 por ciento, al que la semana pasada se le sumó otro del 12,5 por ciento. Lozano y González ya les acercaron su plan a Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay. Esta semana tienen reuniones con otros ministros.

Ante la falta de definiciones del Gobierno y el Congreso frente el tiempo transcurrido, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, puso a circular nuevamente el expediente. Esta vez lleva una vuelta de tuerca, ya que la abogada del jubilado Adolfo Badaro, cuyo reclamo dio nombre al famoso fallo, le pidió al máximo tribunal que fije el índice de movilidad, puesto que los aumentos concedidos “no sanean la confiscatoriedad perpetrada en sus haberes”.

Otro factor que reavivó el análisis del tema entre Sus Señoría fue la reciente llegada del dictamen del procurador general. El año pasado había recomendado la actualización de los haberes de Badaro, como caso individual. La Corte, por su lado, se lanzó con un planteo de carácter general, y dirigido hacia el Poder Legislativo. Esta vez, Righi mandó un breve texto donde, según pudo saber Página/12, desliza que sería poco cauto de su parte opinar cómo se debe cumplir una sentencia en cuyo criterio central no tuvo intervención.

En el plenario de hoy, la Corte debatiría caminos alternativos a seguir. “Si alguien incumple una orden de la Corte, eso es delito y se llama desobediencia”, señaló a este diario uno de los miembros del tribunal quien, de todos modos, está dispuesto a empezar “sólo con un tirón de orejas”. Otros jueces ya hacen sumas y restas para fijar la fórmula para restablecer la movilidad y listo. Lorenzetti, con el afán conciliador que lo caracteriza, apostaría a hacer gestiones de alto nivel para que el nudo lo desate el propio poder político. Pero mientras tanto, y por si acaso, en el Palacio de Justicia se va cocinando una sentencia que lleva un debate de yapa: si se firma antes o después de las elecciones de octubre.