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El Gobierno envió al Congreso un borrador del proyecto de ley para reformar la Carta Orgánica del Banco Central. La norma establece los cimientos del nuevo régimen monetario y cambiario. En el Ministerio de Economía decidieron esperar hasta hoy para dar los retoques finales a la iniciativa, pero los puntos centrales ya están definidos. Uno de ellos es crucial porque marca un camino posible para la resolución de la crisis del sistema financiero. Determina que el Banco Central podrá asistir a los bancos más allá de las garantías dadas por su patrimonio, a cambio de que los accionistas prenden en favor de la autoridad monetaria su capital accionario. Si el banco socorrido finalmente no pudiera hacer frente a los pagos, el Central se quedaría con la entidad. Es una solución a la mexicana o a la coreana de la crisis financiera, con el Estado abriendo una puerta para asumir la titularidad de los bancos fundidos, para liquidarlos en una etapa posterior.
Esta estrategia choca con un proyecto auspiciado por el establishment financiero y redactado por la Universidad CEMA, de Roque Fernández y Pedro Pou. Se trata de un plan para hacer desaparecer la banca con radicación en la Argentina –no sólo la banca de capitales nacionales sino también las filiales de bancos extranjeros– y crear un sistema financiero offshore, por el cual los depósitos se hacen aquí, pero en extensiones directas de entidades del exterior. Un depósito en plazo fijo ya no se constituiría, por ejemplo, en una sociedad denominada Citibank de Argentina sino en el Citibank a secas, el mismo que opera en Nueva York. Ese sistema financiero sería similar al de Panamá o el de las Islas Caymán.
El proyecto es impulsado por la ortodoxia extrema, a pedido de la banca extranjera. Uno de los que están detrás de esa iniciativa es el lobbista y vicepresidente del HSBC, Emilio Cárdenas. En Economía criticaron duramente la propuesta de Pou-Fernández, y dijeron que si logra imponerse, “será con otro gobierno”. Jorge Remes Lenicov y su equipo estuvieron ayer en contacto permanente con las autoridades del Banco Central para terminar de redactar la reforma de la Carta Orgánica de la entidad. La intención del Gobierno es que hoy sea tratado por el Congreso, para lo cual primero deberá terminar los puntos pendientes. Sin embargo, cerca del ministro de Economía dijeron a Página/12 que “el proyecto está listo en un 99 por ciento”.
Un aspecto saliente de la iniciativa es que el Central recupera la función de prestamista de última instancia. Y el otro es que tendrá facultades para emitir sin las restricciones de la convertibilidad. Con el régimen ideado por Domingo Cavallo, el Central sólo podía emitir pesos con respaldo de dólares. El Estado tenía que ser capaz de canjear todos los pesos en circulación por la divisa estadounidense en caso de que fuera requerido. Por tanto, las reservas monetarias no pertenecían al Banco Central sino que sus dueños últimos eran los tenedores de pesos. Ahora esa restricción desaparece. Ya no habrá respaldo de uno a uno. Pero las reglas de emisión no figuran en la Carta Orgánica retocada sino que se definirán cada año con el proyecto de presupuesto.
Pero, como se dijo, la norma toca otro punto sensible: la eventual “estatización” de bancos caídos en desgracia. En concreto, el proyecto dice que será posible conceder “financiamiento extraordinario (...) cuando sea necesario dotar de adecuada liquidez al sistema financiero o cuando circunstancias generales y extraordinarias lo hicieran aconsejable”. Pero aclara que esa asistencia deberá ser aprobada “por la absoluta mayoría del Directorio” del Banco Central. Este financiamiento podrá superar el límite del patrimonio del banco asistido, para lo cual “los socios prendarán como mínimo el capital social de control de la entidad”. Es decir, entregarán las acciones que dan la titularidad del banco al Central, y en caso de no poder cubrir las deudas, el Estado se quedará con la entidad.
La importancia de este artículo es que si la flexibilización del corralito termina haciendo quebrar bancos, como sospechan muchos,incluidos altos funcionarios del Gobierno, ya se prevé una forma de amortiguar esa crisis. El Estado devolvería los depósitos del banco quebrado y vendería la cartera crediticia a otras entidades, para recuperar capitales. El proyecto autoriza a “ceder o transferir a terceros los activos que haya adquirido en propiedad por los redescuentos que hubiera otorgado” a bancos en problemas. Y dice que “los bienes objeto de las garantías podrán ser objeto de cobro o ejecución”.
El CEMA, que comandan Pou y Fernández y donde también militan Carlos Rodríguez y Jorge Avila, están proponiendo otra alternativa: que los bancos respondan con sus propios fondos por los depósitos del corralito, pero a cambio de que desaparezca la banca en la Argentina. Su idea es que “las entidades extranjeras no se constituyan como sociedades argentinas, sino como sucursales de sus casas matrices en el exterior”, según explicó en su edición de ayer el matutino BAE, haciéndose eco del proyecto, pero adjudicando su autoría al gobierno, cuando en realidad es fogoneado por el establishment financiero.
Economistas y consultores de distintas extracciones cuestionaron en duros términos la propuesta del bunker menemista. Incluso algunos que estuvieron identificados con el CEMA dijeron a Página/12 que “se trata de ideas manejadas con mucha superficialidad”. “Si convertimos al sistema financiero en operatorias offshore, las empresas y los particulares argentinos se quedarían prácticamente sin crédito. Los depósitos se harían aquí, pero el dinero sería girado a los países donde están radicadas las casas matrices y se prestaría allí”, agregó, pidiendo reserva de su identidad. “Los bancos serían absolutamente confiables para los ahorristas, pero no cumpliría para nada con la función de financiar a las economía. Y una economía como la argentina sin sistema financiero está condenada al fracaso”, concluyó.