El aumento anunciado por las empresas de medicina prepaga generó ayer críticas de las asociaciones de consumidores y reflotó el debate sobre los límites de la regulación estatal. El ministro de Salud, Ginés González García, calificó el impacto como “muy importante”, aunque deslindó su responsabilidad al afirmar que “nosotros, lamentablemente, no tenemos nada que ver con la fijación del precio ni con la regulación del sector”. Héctor Polino, representante de Consumidores Libres, sostuvo que “antes de conceder cualquier aumento, se debe aprobar por ley el marco regulatorio de la actividad”. “Esto no es seguridad social ni salud pública, es una actividad comercial”, subrayó Federico Díaz Mathé, director ejecutivo de la Cámara de Instituciones Médico Asistenciales, al defender el ajuste de 24 por ciento en las cuotas, que comenzará a regir a partir de enero.

En la actualidad, el Gobierno no tiene herramientas legales para fijarle un tope a la suba anunciada por las prepagas, porque los contratos son considerados como un acuerdo entre privados. En los últimos tres años se presentaron al menos cinco proyectos de ley, para sancionar un marco regulatorio que aumentara el control sobre el sector, pero ninguno prosperó. Los últimos intentos fueron en noviembre y marzo, pero quien más objeciones puso fue el propio González García, quien ayer, paradójicamente, lamentó no tener nada que ver con la fijación del precio.

El ministro se resistió a darle participación a la oficina de derechos del consumidor en la comisión fiscalizadora que se preveía crear. El proyecto de ley estipulaba que las compañías iban a tener que justificar las subas y Defensa del Consumidor y Comercio Interior deberían convalidarlas o rechazarlas. Esa atribución hubiera invertido la relación de fuerzas actual, en terreno jurídico, entre el Gobierno y las prepagas. Sin embargo, González García recibió la presión de los sindicatos que tienen convenios con las prepagas para transferir afiliados y frenó el proyecto argumentando que la facultad de control debía ser ejercida por la Superintendencia de Salud.

El representante de Consumidores Libres, Héctor Polino, insistió con la necesidad de aprobar un marco regulatorio para la actividad debido a la incidencia que tiene sobre el sector de la salud. “Como las empresas de medicina prepaga, juntamente con las obras sociales y los hospitales públicos integran el Sistema Nacional de Salud, el Estado debe ser muy exigente a la hora de conceder nuevos aumentos en las cuotas, porque de lo contrario se estaría afectando al sistema en su conjunto”, advirtió.

Las empresas, por su parte, se limitaron a justificar el incremento. “Es por una cuestión de costos internos, de inflación. No creo que tenga que explicar mucho más lo que todos sabemos”, indicó Eduardo Forte, gerente de Comunicación de OSDE.