El Gobierno decidió dejar de lado la opción negociadora para resolver la crisis con los trabajadores del Indec. En lugar de ello, eligió hacer una demostración de fuerza. Las autoridades del organismo empezaron a expulsar del Instituto a empleados que participaron activamente de los paros y protestas por la alteración en la forma de medir la inflación y otros indicadores económicos. Nueve de ellos recibieron el jueves la comunicación de que sus contratos no serían renovados, a los que ayer se sumaron otros cuatro antes del mediodía y siete más a primera hora de la tarde. En total, ya son veinte técnicos, encuestadores y cargadores de datos que sufrieron la caída de su relación laboral con el organismo. De acuerdo con fuentes sindicales, la lista podría extenderse a cien personas, según información que supuestamente les transmitió personal jerárquico. Oficialmente, la explicación fue que los contratos se vencieron y no era preciso renovarlos.

El Ministerio de Economía, sin embargo, dejó trascender su enojo con la decisión. Fue una medida inconsulta, destemplada, que contradice lo que esa cartera y la Jefatura de Gabinete venían negociando con los trabajadores, indicaron desde el Palacio de Hacienda. En este punto, queda a la vista una cuestión adicional: la interna entre el ministro Miguel Peirano y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, quien estaría detrás de los desplazamientos en el organismo. La pregunta es si Moreno cuenta con respaldo político superior para avanzar como lo hizo. Desde Economía lo pusieron en duda e incluso comentaron que es posible que algunos de los cesanteados sean reincorporados. Uno de ellos, según una versión no confirmada, ya recibió la notificación de que su salida del Indec, que le habían informado por la mañana, había quedado sin efecto.

Por ahora, lo único concreto para los trabajadores del Indec es que se violó el pacto de estabilidad de los contratados que se había firmado en la comisión negociadora que armaron la Jefatura de Gabinete y Economía. “En el acta-acuerdo se escribió expresamente que no habría cancelaciones de contratos, que todos los contratados tenían asegurada la renovación de su vínculo laboral”, recordó ante Página/12 Daniel Fazio, delegado de ATE en el Indec. Ayer al mediodía, ese sector realizó una asamblea multitudinaria en las puertas del organismo, en Diagonal Sur y Perú, de la que participaron unas 500 personas. Los trabajadores contaron con el respaldo de dirigentes políticos y sociales, como Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Pedro Busetti de la asociación de consumidores Deuco, los diputados Claudio Lozano y Eduardo Macaluse y el ex legislador Luis Zamora.

En la asamblea se votó la convocatoria el próximo lunes al mediodía de un plenario con todos los sectores de ATE de Capital Federal, en el que se resolvería un paro de actividades en toda la administración pública el día siguiente o el miércoles. Ayer estuvieron en el Indec delegados de ese gremio de distintos ministerios y reparticiones oficiales. El secretario general de CTA, Hugo Yasky, firmó un comunicado en el que reclama la “inmediata reincorporación de los despedidos”. “La CTA expresa su solidaridad y compromiso con la lucha de los trabajadores del Indec –sostiene la nota– y exige el inmediato cese de la persecución y los despidos.” Finalmente, señala que la Comisión Ejecutiva Nacional de la organización le solicita “una audiencia urgente” al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, para destrabar el conflicto.

En el Instituto trabajan 1300 personas, de las cuales cerca de 800 son contratadas bajo distintas modalidades. A principios de septiembre, después de 45 días de paro, la Jefatura de Gabinete y Economía convocaron a los delegados de ATE que habían encabezado el conflicto para buscar un arreglo. Los representantes del Gobierno en esa comisión, Juan Manuel Abal Medina (h) y Osvaldo Alonso, hicieron varios gestos conciliadores, como aceptar la participación de Cynthia Pok, una experta del Indec que a mitad de año había perdido su puesto de directora de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) por negarse a medir las canastas de pobreza e indigencia con el índice de inflación modificado.

El primer hecho concreto de esa comisión fue firmar un acta-acuerdo que fijó las reglas de juego de la negociación. El punto número dos garantizaba la estabilidad de los contratados. Cuando los delegados del Indec llamaron ayer a Abal Medina y a Alonso, recibieron como respuesta que ellos no habían sido informados de la decisión de no renovar los contratos. De hecho, para ayer mismo estaba prevista una nueva reunión de esa comisión que, en virtud de los acontecimientos, fue suspendida.

El próximo martes, los trabajadores en conflicto harán un nuevo abrazo simbólico a la sede del Indec, en repudio al índice de inflación que el organismo difundirá ese día. También cuestionarán la forma en que se está elaborando el nuevo índice de precios, “sin un debate abierto a la sociedad”. “Varios compañeros me comentaron que Hernán Brahim les venía advirtiendo que después de las elecciones iban a echar a los de ATE que se plegaron al paro. Se ve que algo de razón tenían”, indicó Fazio a este diario. Brahim es asesor de la directora del Indec, Ana María Edwin, y fue nombrado allí por Guillermo Moreno. Otra funcionaria que designó el secretario de Comercio Interior es Beatriz Paglieri, la interventora en el área de precios, que ahora trabaja activamente en la elaboración del nuevo índice de inflación.

Gabriela Soroka, una de los nueve empleados a quienes anteayer se les anunció que no se les renovaría el contrato, denunció que esa maniobra se hizo “para amedrentar el resto” de los trabajadores. “No dieron razones. Pero las nueve personas hemos parado, participamos de asambleas, dos somos testigos en la causa contra Paglieri y Moreno (por la supuesta manipulación del índice de inflación), ocho pertenecíamos a la Dirección de Precios al Consumidor y la restante a la Encuesta Permanente de Hogares”, precisó. Los once que se sumaron ayer son todos del área de la EPH –que mide la pobreza y la indigencia– y también adhirieron a las medidas de fuerza contra los cambios en la elaboración de los índices.