La tonelada de soja, que en enero tenía un precio internacional de 275 dólares, hoy se cotiza a 384, un 40 por ciento más. La de trigo pasó de 192 a 274 dólares (43 por ciento), la semilla de girasol se valorizó todavía más, un 59 por ciento, al escalar de 270 a 430 dólares. Y se produjeron subas incluso más contundentes, como la de pellets de girasol, del 70 por ciento, y la del aceite de girasol, del 102 por ciento. Frente a esos números, el Gobierno resolvió aplicar un incremento en las retenciones a las exportaciones de esos y otros productos de entre 5 y 10 puntos porcentuales, que las llevan a un rango de 25 a 32 por ciento. La medida fue explicada como una acción para combatir la presión que esas subas generan sobre los precios internos, en particular de los alimentos. El objetivo, señaló el ministro de Economía, Miguel Peirano, es evitar una disparada de los precios de harinas, fideos, pan, galletitas, aceites y carne de pollo y de vaca, que constituyen más del 50 por ciento de la canasta básica alimentaria.

Para las entidades del campo, ningún argumento pareció atendible. Los presidentes de la Sociedad Rural, Coninagro, Confederaciones Rurales y Federación Agraria, las cuatro cámaras con representación nacional, firmaron un comunicado conjunto para repudiar el aumento. Manifestaron su “disconformidad” y “rechazo” con la medida y descartaron que el fin sea atacar la inflación. Interpretaron, en cambio, que tiene “una clara actitud recaudatoria”. La batalla entre el Gobierno y las entidades ruralistas para ganarse el apoyo de la opinión pública quedó planteada en esos términos: si el aumento de las retenciones es para que no se escapen los precios internos o si busca recomponer los números fiscales. “El Gobierno necesita reponer los billetes que sacó de la caja por el mayor gasto en un año político”, sentenció Hugo Biolcati, vicepresidente de la Sociedad Rural.

El único gesto conciliador que hizo el Ejecutivo fue prometer que una parte –no precisada– de los ingresos adicionales obtenidos por el alza de las retenciones será volcada al sector a través de programas de incentivos a pequeños productores. Peirano se excusó de dar cifras con el argumento de que no puede determinarse cuánto trepará la recaudación con los nuevos valores del impuesto porque los precios de las materias primas muestran importantes oscilaciones. De acuerdo con fuentes del sector privado, los ingresos escalarían unos 5000 millones de pesos en un año, para totalizar unos 18.000 millones en doce meses.

Los derechos de exportación sobre el trigo pasan de 20 a 28 por ciento, los del maíz van de 20 a 25 por ciento, los de la soja pasan de 27,5 a 35 por ciento, los del aceite, harina y pellets de soja avanzan de 24 a 32 por ciento, los del aceite de girasol suben de 20 a 30 por ciento, los de semilla de girasol aumentan de 23,5 a 32 por ciento y los de pellets y harina de girasol trepan de 20 a 30 por ciento.

La Secretaría de Agricultura recordó que la medida tiene un efecto positivo indirecto sobre otras producciones agropecuarias. Abarata, por ejemplo, la alimentación de los pollos –el 60 por ciento del costo de cría de esos animales lo determina el precio del maíz– y vacas engordadas en feedlot –con maíz y girasol–. También señaló que en los últimos años destinó una porción de los recursos conseguidos con las retenciones a subsidiar la producción de alimentos, a desarrollar planes de investigación para mejorar los rindes agropecuarios y sextuplicó el presupuesto del INTA.

Osvaldo Barski, investigador principal del Conicet, argumentó a favor del incremento de las retenciones, pero también cuestionó en diálogo con Página/12 que el Gobierno no articule un discurso que haga comprender a los productores rurales que la medida puede favorecerlos si una parte de los recursos vuelve al sector a través de obras de infraestructura y planes de desarrollo. En ese sentido, también planteó que las entidades del campo deberían hacer eje en esa discusión y no en una lucha cerrada contra un instrumento necesario para evitar una aceleración de la inflación. En segundo lugar, Barski sugirió que el Gobierno perfeccione su política a través de retenciones móviles, que tengan en cuenta los precios internacionales de los commodities, los costos internos de producción y el valor del dólar.

Para Javier Rodríguez, investigador del Cenda, lo central es que la suba de retenciones es un freno a la inflación. Luciano Miguens, titular de la Sociedad Rural, expresó que el aumento del impuesto sobre las exportaciones de soja no se justifica, ya que no es un alimento de consumo masivo. Rodríguez, en cambio, apuntó que si la soja quedara excluida caería la producción de otros alimentos o su precio subiría para equipararse con los de ese grano.

Un estudio de la revista Márgenes Agropecuarios demuestra cómo crecieron los márgenes de ganancia bruta en los últimos años. En la soja, a pesos constantes, pasó de 282 por hectárea en el período 1993-2002 a 710 en 2006. La perspectiva de largo plazo es que los precios se sostengan por el aumento de la demanda asiática y por la utilización de granos para elaboración de combustibles.