“Yo no estoy acá para representar a quien ocupa la Casa Rosada sino a todos los argentinos”, dijo Cristina Fernández en su discurso ante el Senado en enero de 2002, cuando se opuso a votar la Ley de Emergencia Económica que concedía poderes especiales al gobierno de Eduardo Duhalde. La frase la recordó ayer en la misma Cámara alta la esposa del ex presidente, Chiche Duhalde, en uno de los pasajes más urticantes de la sesión en la que finalmente se aprobó una nueva prórroga de esa norma por un año. Es la quinta extensión consecutiva. El oficialismo, que la semana pasada no pudo conseguir los dos tercios para pasar la ley, esta vez no tuvo problemas. Ganó la votación por 47 votos a 20, gracias a la nueva composición de la Cámara en la que el Frente para la Victoria tiene quórum propio.

La ley le permitirá al Poder Ejecutivo seguir renegociando los contratos con las privatizadas y resolver cuestiones relacionadas con la deuda, como el arreglo con el Club de París, sin necesidad de pasar por el Congreso. Si lo quisiera, también podría reabrir el diálogo con los acreedores que rechazaron el canje de bonos de 2005. Por otra parte, la delegación de facultades autoriza al Gobierno a imponer retenciones a las exportaciones petroleras y modificar sus tasas, así como regular transitoriamente precios de insumos, bienes y servicios básicos.

El miembro informante por el oficialismo fue el cordobés Roberto Urquía, quien justificó la necesidad de la prórroga en que todavía quedan cuestiones sin resolver, como la definición de los nuevos contratos de los operadores de servicios públicos. Cuando fue al Congreso a defender la ley a fines de noviembre, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, sostuvo que “si volvieran los contratos originales en dólares (con las privatizadas), la única perjudicada sería la gente”. El jefe del bloque oficialista, Miguel Angel Pichetto, tomó la posta para responder frontalmente a las críticas de la oposición. “Qué calidad institucional tenía la Argentina en 2001, cuando las provincias pagaban los sueldos con papel basura”, arremetió. “A lo mejor (la oposición) quiere que el Estado termine con la política de subsidios para que aumenten las tarifas y se afecte a los más pobres”, agregó.

Los embates de la oposición tuvieron dos ejes principales: la contradicción de Cristina por haberse opuesto a la Emergencia Económica en el peor momento de la crisis de 2002 y por su abstención durante los años en que gobernó su esposo, y por el “deterioro de la calidad institucional”. Ahora que asumió como Presidenta, atacaron, la primera ley que sale del Congreso es la prórroga de la norma a la que siempre le dio la espalda como senadora.

“Si queremos mejorar la calidad institucional no podemos seguir aprobando cesión de facultades”, protestó el radical Gerardo Morales, quien también leyó pasajes del discurso de Cristina en 2002. “El Senado debe honrar la Constitución y no prorrogar excepcionalidades, porque medidas de este tipo mantienen a las instituciones en estado de emergencia”, se sumó el porteño Samuel Cabanchik, de la Coalición Cívica. El radical Ernesto Sanz sostuvo que la ley de emergencia “no es necesaria”, ya que durante el último año el Poder Ejecutivo no suscribió ningún decreto en el marco de esa ley, ni renegoció contratos con empresas privatizadas. “Sólo se trata de acumular poder político”, concluyó.

Pichetto refutó a Sanz porque –dijo– la vigencia de la Ley de Emergencia Económica sigue siendo necesaria para la reestructuración de la deuda con el Club de París, para renegociar contratos con las privatizadas y para atender situaciones de la crisis sanitaria. El kirchnerista hizo un pedido a la oposición: “Recuerden de dónde venimos, porque de lo contrario parecería que estamos en Dinamarca y sólo hacemos un debate intelectual sobre la calidad institucional”.

La sesión se extendió por algo más de tres horas. El socialista Rubén Giustiniani, ex compañero de fórmula de Elisa Carrió, consideró que “la amplitud de la delegación de facultades excede lo razonable”. “Esta ley es un verdadero cheque en blanco”, añadió. Chiche Duhalde hizo un discurso cargado de ironía, que terminó con una exhortación a Cristina: “Ojalá que la Presidenta de todos sea capaz de vetarla”. Otros que expresaron su oposición fueron los puntanos Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre de Alonso, el radical Norberto Massoni y el arista José Carlos Martínez.

El jujeño Morales insistió en que la ley “va en contra de lo que ella (por Cristina) propuso a favor del diálogo y la institucionalidad”. “El país ya ha resuelto los problemas más graves del año 2002. No hay situaciones que ameriten una prórroga”, agregó. “Si queremos mejorar la calidad institucional –completó– no podemos votar esta nueva delegación de poderes.” La mayoría finalmente le dio al Gobierno la herramienta que buscaba.