Poco a poco, los sindicalistas y empresarios retornan de sus vacaciones y comienzan a calentar los motores para encarar las paritarias lo mejor posicionados posible. La demanda de algunos de los sindicatos más poderosos oscila entre el 25 y 35 por ciento, mientras que los empresarios avisan que están dispuestos a aumentar los salarios como máximo en un 20 por ciento. Según el relevamiento de expectativas que realiza la Sociedad de Estudios Laborales (SEL), en diciembre los empresarios esperaban demandas de alrededor del 23 por ciento y sus ofertas giraban en el 17 por ciento. Ernesto Kritz, director de SEL, señaló a Página/12 que “más allá de las expectativas de los empresarios, no va a ser sencillo que los aumentos estén por debajo de lo que se negoció el año pasado”.

Aunque desde algunos sectores se esfuerzan en ponerle paños fríos al asunto, lo cierto es que las discusiones van tomando cada vez más color. Reuniones de ambas partes con representantes del Gobierno, anuncios oficiales de pisos a los aumentos que se confirman y desmienten en el día y encuentros intrasectoriales para coordinar políticas de acción. El objetivo del Gobierno es el de cerrar con los gremios más representativos y algunas cámaras empresarias aumentos que ronden por el 20 por ciento y que estos acuerdos fijen el porcentaje paritario para el resto de las ramas. Los datos oficiales evidencian que en el sector privado los incrementos salariales del año pasado fueron del 22,8 por ciento y cercano al 28 por ciento en el sector público.

Fuentes sindicales confirmaron a este diario la existencia de una reunión entre algunos de los sindicatos más poderosos donde comenzaron a planificar un esquema para la firma de los acuerdos salariales. En el encuentro estuvieron presentes dirigentes de camioneros, de la Uocra, de los peones de taxis, estatales y marítimos. Desde los gremios sostuvieron que “no se acordó nada todavía, es difícil que haya una firma tan rápido, pero se está buscando construir un acuerdo testigo”. Si bien no hay definiciones, algunos sindicatos que participan de estos intercambios pretenden que los acuerdos sean algo superiores y “que la banda esté entre el 22 y 25 por ciento”.

El desafío en este tipo de convenios es el de contar realmente con la adhesión de la mayoría de los gremios y del sector empresario. El año pasado el esquema de imposición de techos funcionó. Pero algunos sindicatos –los primeros en firmar los acuerdos cerraron en alrededor del 17 por ciento– terminaron algo descontentos al ver cómo los aumentos alcanzaron finalmente el 23 por ciento.

La resistencia al acuerdo también proviene de los sindicatos industriales que están reclamando aumentos muy por encima al 20 por ciento que proponen los ministros Tomada y De Vido, interlocutores oficiales en las negociaciones. En el Gobierno confían en que la importancia que tome el acuerdo con los sindicatos termine arrastrando a los más reticentes.

Desde la Unión Industrial Argentina pretenden que “las negociaciones salariales en el sector no excedan la inflación anual proyectada, más un porcentaje de 2 a 3 por ciento de recuperación, de forma escalonada”. Tal cual comentó Juan Carlos Lascurain, titular de la UIA, a este diario, la cúpula directiva de los industriales consideró que “subas del orden del 12 por ciento representan una medida adecuada para continuar el proceso de crecimiento sostenido”.

Mientras tanto, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, aseguró que en el Gobierno no están escondiendo los incrementos de precios y llamó a “dejar de hablar de la inflación porque la gente escucha esto y todos, para prevenirse, empiezan a producirla”.

Como si los anuncios de límites de los aumentos de la central fabril fueran poco, Lascurain, hablando en nombre de la UIA, puso en duda los indicadores del Indec. “Como no sabemos si el Indec sí o el Indec no, vamos a analizar los datos del Banco Central de la participación de los salarios en el producto, que en 2007 llegó a 43,7 por ciento”. Por su parte, el presidente de la asociación que aglutina las pymes, Francisco Dos Reis, aprovechó la situación para señalar que “necesitamos incentivos como descargas impositivas para algunas empresas que, de por sí, no podrán afrontar subas de salarios de sus empleados”.