La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados hizo un cambio al proyecto de ley de promoción de inversiones en bienes de capital y obras de infraestructura, que ya tiene media sanción del Senado. Básicamente, el kirchnerismo decidió volver a la versión original del proyecto que establece que la autoridad de aplicación sea el Poder Ejecutivo y no, como había votado la Cámara alta, el ministro de Economía. El oficialismo esgrimió argumentos jurídicos para justificar la modificación. La oposición interpretó que, en realidad, el fondo de la cuestión es una puja entre Julio De Vido y Martín Lousteau por el manejo de los cupos fiscales, en la que se impuso el titular de Planificación.

En diálogo con Página/12, el diputado Adrián Pérez (ARI) aseguró: “De Vido ganó la pelea y logró quedarse con el manejo de los cupos fiscales”. Ahora la discusión llegará al recinto de la Cámara baja y, si el cambio es ratificado, el proyecto deberá volver al Senado.

La normativa impulsa un régimen transitorio para el tratamiento fiscal de las inversiones entre octubre de 2007 y septiembre de 2010, como continuación de los mismos incentivos aprobados en 2004, cuando Roberto Lavagna era ministro de Néstor Kirchner. El ex funcionario había establecido como autoridad de aplicación a Economía. El nuevo cupo fiscal asciende a 1000 millones de pesos para grandes empresas y otros 200 millones para las pequeñas y medianas, sumado a un cupo ilimitado para fideicomisos destinados a la obra pública.

“Hubo un compromiso explícito de Lousteau, que estuvo reunido con los jefes de todos los bloques del Senado, para hacerse cargo de la aplicación de estos beneficios. Incluso fue la condición para que el radicalismo acompañe la normativa. Evidentemente, hay una pelea entre ministerios, donde De Vido apuesta a ser juez y parte”, afirmó a este diario la senadora María Eugenia Estenssoro (Coalición Cívica), quien votó en contra del proyecto. Según su opinión, la ley no dice nada sobre el criterio que se utilizará para la aplicación de los incentivos para las obras públicas. Sobre este punto, muchos senadores no dejaron de recordar a la hora de la votación las irregularidades del caso Skanska y del fideicomiso del Banco Nación.

En 2004, el cupo fiscal para las inversiones en bienes de capital y obras de infraestructura llegó a utilizarse en un 90 por ciento; al año siguiente, fue en un 12 por ciento. Mientras que el año pasado no se llegó a cubrir más del 8 por ciento del cupo. “El problema es que esta ley otorga beneficios para el capital más concentrado. En 2006, sólo diez empresas recibieron el 90 por ciento del cupo fiscal. Incluso, la mayoría de los bienes de capital que se compraron vinieron del exterior cuando muchos pueden fabricarse en Argentina”, indicó Pérez.

El senador radical Ernesto Sanz afirmó a Página/12 que esta modificación es una contradicción grosera del Gobierno. “Esto pone en valor la discusión sobre la autoridad de aplicación. Una cosa es que sea Economía la que administre los incentivos fiscales y otra que el Poder Ejecutivo decida darle la autoridad al Ministerio de Planificación, algo que no corresponde”, aseguró Sanz. Ahora la normativa deberá bajar al recinto de Diputados y luego pasar nuevamente al Senado. La sospecha de la oposición es que habrá una mayor concentración de fondos disponibles para Julio De Vido.