La paritaria nacional docente entró ayer, casi a medianoche, en un nuevo cuarto intermedio hasta esta mañana. La negociación de las provincias con el gobierno nacional para definir el acuerdo con los gremios llevó varias horas y se estancó en distintos momentos. El conflicto no está en el piso salarial de 1290 pesos –preacordado el miércoles–, sino en otros dos de los quince puntos que conformarían el acta: la incorporación de sumas no remunerativas al sueldo básico y la eliminación del pago con tickets. Incluso, ayer nunca llegó a constituirse formalmente la paritaria y tan sólo hubo reuniones de los funcionarios nacionales con los representantes del Consejo Federal para lograr un consenso que destrabe el entuerto. Cuando quedan pocos días para el inicio de las clases, los funcionarios saben que corren contra reloj porque todavía falta que se abra el proceso de paritarias en cada provincia, donde habrá que conciliar, nuevamente, las pretensiones sindicales, los números y las voluntades políticas.

A medida que ayer pasaban las horas, el optimismo y el flujo de información sobre el avance de las negociaciones fue mermando. Era una clara señal de que no se avizoraba una salida pronta al conflicto. Entre reunión y reunión, un integrante de la mesa chica que negociaba hasta altas horas de la noche le explicaba a Página/12 su versión de la demora. “Es la primera vez en la historia que se hace una paritaria nacional. La cantidad de actores y la complejidad de la temática educativa no son comparables con los acuerdos de otros sectores. Hay 24 jurisdicciones, cinco gremios y no se puede andar llamando a todos los ministros para ver si están de acuerdo en cómo quedó la redacción del texto”, explicó el funcionario, al tiempo que refutaba las comparaciones con el reciente acuerdo del líder de la CGT, Hugo Moyano: “Es uno sólo y del otro lado también tiene a una sola parte”.

Como ya explicó este diario, las provincias se resisten a firmar en la paritaria nacional una promesa de aumentar el sueldo básico cuando se sienten a discutir con los sindicatos locales. Más allá de la suba de un 24 por ciento en el sueldo inicial, los gremios reclaman que ese aumento sea acompañado por una modificación de la composición del salario, más precisamente una suba en los sueldos básicos, que en la mayoría de las provincias ronda los 500 pesos (ver recuadro). El reclamo encuentra su lógica cuando se advierte que sobre el básico se calculan los aportes jubilatorios, la obra social y la antigüedad, teniendo en cuenta que el promedio de los docentes lleva 10 años en sus funciones.

El otro nudo a desatar es el pago con vales o tickets que reciben los docentes en las provincias de La Rioja, Salta, San Juan y Tucumán. Estas jurisdicciones son, además, cuatro de las once que integran el Fondo de Compensación Salarial creado por la Ley de Financiamiento Educativo. Por esa norma, estos docentes tienen en su sueldo una suma de 200 pesos que aporta el Ejecutivo nacional. En la negociación también se trató el tema de los 110 pesos del incentivo docente que el gobierno nacional les adeuda desde el primer trimestre del año pasado.

Desde hace tres semanas, los ministros de Trabajo, Carlos Tomada, y de Educación, Juan Carlos Tedesco, acompañados por sus viceministros y otros funcionarios, intentan, alternadamente y sin éxito, alcanzar un acuerdo. Ayer ni siquiera se constituyó oficialmente la paritaria, por lo que, dentro del edificio de Alem al 600, se movían de reunión en reunión los distintos funcionarios, mientras los gremios esperaban la redacción definitiva del acta.

La tensión de la discusión se vio reflejada una hora después de las 18, momento en que debían retomarse las negociaciones. Stella Maldonado, la secretaria general de Ctera, el gremio docente más grande del país, tuvo un pico de presión y fue trasladada en una ambulancia del SAME desde el edificio de la cartera laboral a un sanatorio y, una vez compensada, de regreso a su casa.

Ante las demoras y el advenimiento del comienzo del ciclo lectivo, algunas provincias ya empezaron a discutir con los gremios tomando como base el piso de 1290 pesos. Sin embargo, la posibilidad de que se rompa el diálogo y se realice una medida de fuerza es una advertencia común de distintos sindicatos. Conscientes de ese escenario, los funcionarios vienen exigiendo desde el principio de la paritaria un compromiso gremial para cumplir con los 180 días de clases fijados por ley en el calendario escolar. El obstáculo fue sorteado con una promesa de mayor inversión en infraestructura para que las escuelas estén en condiciones y con la mención de la ley 25.864, que garantiza el normal desarrollo del ciclo lectivo pero, en su artículo sexto, impide afectar “los derechos y garantías de los trabajadores de la educación, consagrados por la Constitución nacional”. Con esto, los sindicatos se aseguraron su derecho a huelga ante una falta de acuerdo o un cambio en los índices inflacionarios que amerite, para ellos, rever el aumento conseguido.

Durante las primeras negociaciones, sindicalistas y funcionarios se entusiasmaban con firmar un acuerdo con anticipación. “Nunca se cerró una paritaria estando tan lejos del inicio de las clases”, comentaban. El 3 de marzo, millones de chicos volverán, en teoría, a las aulas.

Informe: Sebastián Abrevaya.