Cuando cada número que integra una estadística socioeconómica es leído con nombre y apellido, aseverar que baja o sube no es una cuestión “sólo de criterio”, sino de “vidas”. Ayer, el Indec dio a conocer las cifras de indigencia y pobreza. Chaco, la provincia con más pobres e indigentes del país, registró –según el índice oficial– una caída de más de cinco puntos, de 45,6 a 40 por ciento. Más allá de las cifras oficiales, los datos concretos de la provincia muestran un cuadro más que preocupante.

Con un total de 1.050.000 pobladores, la provincia del Chaco tiene a más de la mitad de su población bajo la línea de pobreza y algo más de un cuarto sin las condiciones básicas para subsistir. Sólo en la ciudad de Resistencia, unas 100.000 personas de las 360.000 que viven allí se encuentran en asentamientos de algún tipo, en condiciones de sub o nula urbanización, de acuerdo con relevamientos de universidades y centros de investigación privadas.

El costo de la canasta básica de esa provincia se estima en 1400 pesos, casi un 50% por encima de los 982 que según el Indec necesita una familia tipo. El director del Centro de Estudios e Investigaciones Sociales Nelson Mandela, Rolando Núñez, aseguró a Página/12 que sus propias estimaciones ubican la pobreza entre 53 y 56 por ciento. Esto tiene que ver con el incremento en el costo de vida chaqueño, que respecto a un año atrás se ubicaría en el 31,3 por ciento.

En la realidad propia del Noreste argentino, hay otros datos preocupantes, que dan cuenta de un salto cualitativo en la pobreza. A la proporción de pobres se adiciona un diez por ciento cuando se trata de menores de entre 0 y 14 años. Un fenómeno de “infantilización de la pobreza”, según lo llaman. En cuestión de género, las mujeres en situación de pobreza superan a los hombres, ya que muchas de ellas son jefas de hogar.

Un ejemplo de la situación extrema que se vive lo denota también el incremento en la desnutrición infantil. Durante el año pasado, el 4,8 por ciento de los bebés entre menores a un año presentaba signos de falta de alimentación. El porcentaje se dispara a 14,6 por ciento cuando el rango es el de uno a dos años, y hasta la edad de cinco se mantiene en niveles similares. Esto se explica porque los niños dejan de ser amamantados, lo que representa una mayor dificultad para sus padres a la hora de satisfacer una nueva boca. El año pasado, 390 bebés menores al año murieron en la provincia.

La situación socioeconómica que sufre el Chaco se explica, según los especialistas consultados, por el proceso de expulsión rural que provoca la siembra de monocultivos, en particular de la soja. El 70 por ciento de la 1,5 millón de hectáreas sembradas se encuentra concentrada en el 7 por ciento de los productores. “La campaña agrícola 2007-2008 generará este año un PIB de 1000 millones de dólares; en pesos, 1864 millones se reparte en insumos tecnológicos, 1222 en impuestos y 228 de rentabilidad, que es apropiada en un 80 por ciento por el 20 por ciento del total de productores”, explicó a este diario Núñez. El resto se divide entre los pequeños, que suman unos 12.000.

El tema de la expulsión tiene que ver con que la utilización del paquete tecnológico sojero (semillas, fertilizantes y sistemas de siembra de alto rendimiento y escasa necesidad de trabajo humano), que no genera mano de obra. Esta situación está llevando a que 28 familias salgan diariamente del campo, mitad con destino a la urbe y el resto directo a las ciudades de Rosario y Buenos Aires. La distribución del uso de la tierra, por cultivo, fue en la campaña anterior de 750.000 hectáreas para la soja; 265.000, girasol; 165.000, algodón; 150.000, sorgo; 120.000, maíz; y 15.000, trigo. Para la próxima se prevé incrementar en 500.000 hectáreas la plantación de soja.

La solución, además de terminar con estos monocultivos, se plantea sólo en términos de avanzar en un proceso de industrialización. Cristina Fernández inauguró la primera planta textil en la provincia, de capitales brasileños. “Esto no es un proceso de industrialización, sino empresas que vienen a aprovechar los bajos costos y una situación de zona ‘offshore’ para sus inversiones fuera de su país”, indicó el director del Centro Mandela.

A este emprendimiento se suma la llegada de otra inversión de igual origen de fondos para producir radios. La intención es aprovechar la producción “semiesclava” de carbón e incrementar exponencialmente su rentabilidad. Este tipo de empresas tiene vedada la fabricación en su país, debido a que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva prohibió la producción de dicho mineral combustible. Esto, sumado a la “sojización” y a los cambios ambientales que sufre la provincia a causa de la tala indiscriminada, complica aún más el panorama a una provincia altamente dependiente de los recursos de la coparticipación federal.