Aerolíneas Argentinas arrancó el año en crisis. El 10 de enero, un nutrido grupo de pasajeros provocó destrozos en el aeropuerto de Ezeiza luego de que la compañía anunciara la suspensión masiva de vuelos a causa de un conflicto gremial. Los problemas se prolongaron por casi una semana. Después de ese episodio, el grupo Marsans se comprometió ante el Gobierno a realizar inversiones por 4000 millones de dólares para recomponer su flota y recuperar servicios, aunque las condicionó a la firma de un acuerdo con los siete sindicatos que representan a sus trabajadores para establecer un período de “paz social”. Semanas después, lejos de desembolsar un peso, la empresa empezó a suspender pagos a proveedores y a recurrir al Banco Nación para que le adelantara los fondos para liquidar salarios.

Aerolíneas Argentinas reconoce una deuda de 400 millones de dólares, pero la cifra real sería de más del doble. Extraoficialmente, en el Gobierno mencionan que el pasivo rondaría los 1000 millones de dólares. Los problemas recrudecieron los últimos tres meses. Marsans extendió sus incumplimientos a Aeropuertos Argentina 2000 (acumuló deudas por 100 millones de pesos en concepto de tasas aeroportuarias), a las compañías con las que tiene contrato de leasing (el sindicato de pilotos denunció que si a fines de esta semana Aerolíneas no les paga, el 60 por ciento de los aviones en servicio no podrán operar), a proveedores, a los trabajadores (todavía no canceló los sueldos de junio y adeuda las contribuciones a la seguridad social desde abril) y a los sindicatos (no depositó la cuota gremial que aportan los trabajadores).

“Aerolíneas está en virtual default”, alertó Jorge Pérez Tamayo, titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), en diálogo con este diario. Fue a causa de esta situación que el Gobierno y los sindicatos aeronáuticos resolvieron reclamar la intervención judicial (ver nota central). “La empresa se encuentra en una situación calamitosa, tanto a nivel económico como financiero”, agregó Pérez Tamayo. Las dificultades de caja y la renuencia del grupo Marsans a desembolsar dinero llevaron a que cerca de la mitad de la flota se encuentre paralizada, por falta de mantenimiento. En una de las pistas secundarias de Ezeiza se puede ver estos días a una decena de aviones estacionados. Sobre un total de 47 naves que administra Aerolíneas, 21 están paralizadas, mientras que en Austral, de 21 aparatos, 8 se encuentran inutilizables.

Una de las razones que esgrimía la empresa era el atraso en las tarifas. El Gobierno les concedió a todas las operadoras aéreas de cabotaje dos aumentos de 18 por ciento –el primero el 14 de abril y el segundo el 21 de mayo–, elevó los subsidios al combustible a 120 millones de pesos este año y comprometió el envío al Congreso de un proyecto de ley para establecer desgravaciones impositivas a las compañías del sector. Pese a ello, Marsans siguió sin poner plata, las demoras y cancelaciones de vuelos se hicieron moneda corriente y la crisis se tornó aún más intensa.