Cristina Fernández de Kirchner se estrenó en la firma de decretos de necesidad y urgencia al rubricar ayer el que dispone la ampliación del Presupuesto en curso por 36 mil millones de pesos. Recursos que, en gran medida, estarán orientados a los rubros de energía y transporte. De esa manera, el Poder Ejecutivo descartó la vía de una ley para prorratear los mayores recursos, eludiendo el debate parlamentario sobre el tema.

El proyecto de ley ya estaba redactado. Pero ante la inminencia de la discusión sobre el proyecto de presupuesto del año próximo, el Gobierno decidió acotar la intervención de los legisladores y apeló a la vía más expeditiva de un DNU, con el fin de convalidar las decisiones que ya tomó acerca de cómo gastará los fondos disponibles por encima de lo presupuestado.

“Eso no es mayor gasto, sino que hubo un incremento en los recursos”, explicó ayer Sergio Massa, en referencia al decreto 1422, firmado ayer por la Presidenta. De ese modo, el jefe de Gabinete intentó refutar los cuestionamientos acerca de que el Gobierno estaría incrementando el gasto por encima de lo conveniente para mantener su propio objetivo de superávit y otras pautas fiscales.

A través de esa norma, el Gobierno convalidó la asignación de más de 16 mil millones de pesos a energía, combustibles y minería, para cubrir erogaciones que hoy están en plena ejecución. A ese monto global habría que añadirle la emisión de avales de parte del Tesoro para tomar deuda para obras por 1782 millones de pesos. Ese respaldo será orientado, básicamente, a ampliar la capacidad de los gasoductos troncales con financiamiento del estatal Bndes, entidad brasileña.

El grueso del dinero de que dispone el Ejecutivo en virtud de una mejora en la recaudación fue a reforzar los subsidios que se otorgan a aquellas áreas. El resto, y en menor medida, a cubrir algunos incrementos salariales de la administración central y organismos descentralizados.

Con esta ampliación, en los últimos cinco años el Ejecutivo habría dispuesto de algo más de 100 mil millones de pesos para gastar a su arbitrio, ya que recaudó por encima de lo que se había previsto en la pauta presupuestaria del ejercicio en curso. El Congreso participa de esa discusión pero finalmente queda marginado del reparto del dinero que se tiene por encima de la siempre mezquina proyección que se realiza en el momento de mandar al Parlamento el proyecto de ley.

Sobre el ejercicio 2007, el Ejecutivo había hecho una ampliación que equivalía a un tercio de los gastos previstos para todo el año en la Ley Fundamental. La situación se repite en este caso y nada garantiza que el esquema no se reitere el año próximo, algo que ocurrirá si se subestiman los recursos pautados para 2009.