Un grupo de legisladores radicales pidió ayer ante la Justicia la nulidad del artículo sexto del acta acuerdo que Marsans firmó con Planificación, por la cual de no haber un acuerdo sobre el precio de las acciones de Aerolíneas y Austral un tercero imparcial debe fijarlo a través de un dictamen inapelable. El mismo grupo hará el lunes otra presentación para pedir, lisa y llanamente, la nulidad íntegra de ese documento.

La movida está protagonizada por un puñado de parlamentarios que entre otros integran el titular del partido, Gerardo Morales, y el miembro de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, Rubén Lanceta, uno de los militantes contrario al cuestionado documento.

El acta estableció un período de transición de sesenta días, durante el cual las partes debían ponerse de acuerdo acerca de cuál es el valor de las acciones a recomprar. Mientras, se creó un cuerpo de transición que comanda Julio Alak como representante por el Estado. Según interpretaron las partes firmantes, ese documento perdió vigencia el 14 de octubre pero quedó prorrogado de hecho hasta fin de diciembre, límite impuesto por la ley de reestatización para sellar un pacto sobre los términos definitivos de la operación.

El argumento central para objetar ese documento es que un funcionario, aun con rango de ministro como Julio De Vido, no puede disponer en nombre del Estado la compra de una empresa. Este sería sólo uno de los presuntos vicios formales que le quitan legalidad al acta, que los radicales ven como un instrumento riesgoso: si no hay un acuerdo sobre el precio y la reestatización no se hace de manera consensuada, Marsans puede fundarse en el acta para reclamar por supuestos derechos vulnerados ante un tribunal internacional.

Para los legisladores de la oposición, voltear el acta significaría, entonces, cerrar la opción del Ciadi (tribunal arbitral del Banco Mundial) y allanar el camino para una eventual expropiación.