La propuesta de José Ignacio de Mendiguren para pesificar “uno a uno” créditos y depósitos del sistema financiero no obtuvo el respaldo esperado. Ni los dirigentes gremiales ni los agropecuarios, que habían acompañado a la UIA en los primeros pasos para conformar el bloque productivo, comprometieron sus nombres detrás de la propuesta. Tampoco hubo un pronunciamiento a favor del presidente Eduardo Duhalde. En el entorno del titular del Ejecutivo prevaleció la siguiente reflexión, transmitida ayer en privado a Página/12: “Hoy hay dos sectores con capacidad de voltear al Gobierno, los bancos y la clase media-alta golpeando las cacerolas, y este proyecto nos enfrentaba con ambos”. El ministro de la Producción pudo comprobar ayer no sólo que se diluían sus antiguas alianzas: el Gobierno recompuso relaciones, y la industria está muy próxima a quedar afuera de la mesa.
Tras su discurso inaugural de confrontación con los bancos, el gobierno de Duhalde fue buscando un nuevo equilibrio, bajo el peso de las presiones sectoriales. El paulatino acercamiento al núcleo de poder financiero fue generando contradicciones con el sector productivo. Y no fueron los bancos los únicos que presionaron. Las petroleras, que con el pago de un impuesto a las exportaciones debían aportar los fondos para compensar la pesificación “uno a uno” de todo crédito inferior a 100 mil dólares, siguen resistiéndose, y obligaron a restringir el número de beneficiarios. Así, las deudas de un gran número de explotaciones agropecuarias y de pequeñas y medianas empresas quedaron al margen del beneficio de la pesificación pre-devaluación (aunque anoche el Senado volvía las cosas a su punto de arranque).
El campo enfrenta la urgente necesidad de limitar su deuda con los bancos. No obstante, sus entidades eludieron quedar pegados a la propuesta del titular de Producción que, para peor, en algún momento tuvo la poco feliz idea de sugerir retenciones para las exportaciones agrícolas. “El problema mayor será para los productos que no se exportan, porque el mercado interno no refleja en sus precios el alza del dólar; un aumento del 40 por ciento en el costo financiero nos saca del circuito”, explicó ayer a Página/12 Manuel Cabanellas, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas. Según recordó el dirigente agropecuario, 14 millones de hectáreas –la tercera parte del área en producción– se encuentran hipotecadas. “Aunque se pesifique la deuda a 1,40, la situación del campo se torna inviable, porque con los productores recontra endeudados, si no se mejora la rentabilidad no hay salida”, agregó Cabanellas.
La deuda global del sector agropecuario con el sistema financiero se estima en 6000 millones de dólares, a los que los productores suman otros tres mil millones con proveedores de insumos, también acordada en divisa fuerte. “Las tasas que cobran los bancos son de un abuso tremendo”, se quejó el titular de CRA, quien citó su propio caso, en el que debió pagar 27 por ciento anual en dólares por una hipoteca.
Para las pymes industriales, el panorama no se presenta más favorable. Aladino Benassi, presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires, estimó que “las deudas hipotecarias de las pymes están casi todas por encima de los 100 mil dólares, porque son créditos para equipamiento o incorporación tecnológica que, encima, se han refinanciado capitalizando los intereses”. En el caso de empresas medianas, señaló, “el promedio ronda el millón de dólares”.
Pese a este panorama, en los ámbitos de decisión De Mendiguren está quedando solo. Los bloques justicialistas en el Senado y en Diputados consideran que la postura del titular de Producción “es un contrapeso” en el Gobierno frente a la presión de los grupos concentrados, pero pueden ofrecer poco para respaldarlo. La nueva alianza con la producción ya empieza a dejarle el espacio a la vieja, con protagonistas ya conocidos.