Roberto Pons, flamante interventor de la Transportadora de Gas del Norte, precisó ayer que hará una auditoría sobre el funcionamiento de la empresa para conocer los actos cotidianos y constatar si alguno de ellos va en desmedro de la calidad del servicio. Mientras el funcionario se encamina a chequear esa sospecha, el titular de la Asociación de Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural, Rubén Ruiz, acusó a la compañía de haber incurrido en el default por “una decisión política”.

Para el flamante interventor sería “prematuro” omitir alguna opinión sobre el default de la deuda de algo más de 23 millones de dólares de TGN, aunque admitió que este hecho fue lo que promovió la intervención del Gobierno. En los 120 días previstos para la “coadministración” de la compañía, Pons prevé reunir los datos necesarios para formular cualquier sentencia cuidándose de “no prejuzgar”. Antes, remarcó, “prefiero masticar varias veces la información”.

Semejante cautela está justificada, en particular si se piensa que esa intervención puede derivar en el extremo de un quite de concesión. De cualquier manera, será difícil constatar que el servicio está comprometido por las dificultades de la privatizada para hacer frente a sus obligaciones financieras. A decir del gremialista Ruiz, esta complicación en rigor no existiría. “Fue una decisión política de la empresa y no un problema financiero” arremetió el titular de la asociación que aglutina a los trabajadores del gas, para quien es poco creíble que el consorcio liderado por Techint no disponga de recursos suficientes.

“Acá hay deuda abultada que tienen empresas privatizadas, las que están teniendo una actitud singular: conglomerados que tienen un patrimonio muy grande aseguran no tener, por ejemplo, 23 millones de dólares para pagar una cuota de vencimiento”, relativizó el gremialista, atribuyendo a TGN la solvencia que en rigor tienen sus socios, individualmente considerados. Parte de esta incógnita se despejará con la tarea que encaró el flamante interventor, quien se desempeñaba como jefe del Departamento y Negociaciones Económicas Internacionales de la Unión Industrial Argentina (UIA); es secretario técnico del Foro Consultivo Económico y Social del Mercosur e integra el Consejo Asesor Académico de la Fundación Export.Ar, organismo dependiente de la Cancillería.