El paradigma de la desregulación financiera internacional, del fundamentalismo de mercado y las instituciones que le dieron sustento entraron en crisis a partir del derrumbe de Estados Unidos y del contagio de todos los países que adhirieron a esa filosofía. En las cumbres del Grupo de los 20 se viene intentando reparar los daños, algunos con más vocación de cambio que otros. Pero entre todos hay consenso de que deben establecerse nuevos controles a los mercados, que se requiere reformular el FMI, que hay que combatir los paraísos fiscales y el cuarto punto que aparece en las declaraciones del grupo, es que llegó la hora de regular a las calificadoras de riesgo. El gobierno argentino volvió a reclamarlo ayer en el encuentro en Inglaterra, y el documento final del cónclave incluyó ese punto en la agenda de temas a trabajar.

El gobierno de Estados Unidos es menos proclive a meter el dedo en la llaga porque las tres principales calificadoras del mundo son de ese origen: Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch. Esas agencias tienen una relación particular con Argentina. Ingresaron al país a comienzos de los ’90, cuando se profundizaron las políticas neoliberales. Las AFJP quedaron obligadas a invertir solamente en activos financieros que hubieran recibido una calificación de esas u otras evaluadoras privadas. Al día de hoy, esa condición no ha sido removida y actualmente la Anses debe respetar el requisito en sus inversiones de fondos previsionales, a pesar de las críticas del Gobierno a cómo operan esas entidades.

El enojo en la Casa Rosada y en el Ministerio de Economía con las calificadoras se remonta a 2004 y se profundizó a medida que pasaron los años. La razón fue que las agencias le asignaron a los títulos de deuda argentinos la misma nota que les dieron a mediados de 2001, pese a que la situación económica era diametralmente opuesta. En 2001 la economía argentina presentaba déficit fiscal y comercial crecientes, llevaba más de tres años en recesión, la deuda con el sistema financiero era en dólares y los ingresos de los endeudados eran en pesos, el endeudamiento público había alcanzado niveles record y el tipo de cambio estaba absolutamente retrasado. Los últimos cinco años, en cambio, Argentina pasó a tener superávit fiscal y comercial, la economía creció más de 8 por ciento por año en promedio, los bancos limpiaron sus balances, se reestructuró la deuda pública y el tipo de cambio pasó a ser competitivo.

La arbitrariedad con que se ponen las calificaciones no fue sólo un caso argentino. Las agencias empezaron a quedar en el ojo de la tormenta a fines de los ’90, cuando no pudieron explicar por qué les habían puesto muy buenas notas a títulos emitidos por países del sudeste asiático, que cayeron en una profunda crisis en 1997. Después siguieron los casos de Enron, Parmalat, adonde ocurrió lo mismo, y ahora otra vez con las subprime y los productos estructurados. Lehman Brothers, el banco que propagó la crisis con su caída en septiembre pasado, también tenía una buena nota.

En el G-20 se estableció que es momento de regular a las calificadoras. El principal problema en su funcionamiento, como advierte el vicepresidente de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, es que la calificación la paga el emisor del título. Eso plantea un conflicto de intereses difícil de resolver. Paul Volcker en algún momento sugirió que las calificaciones deberían pagarlas quienes compran los títulos y no quienes los emiten, pero la idea no prosperó. Tal vez más sencillo sea crear un mecanismo de control sobre las agencias, con reguladores estatales, que pidan explicaciones sobre cuáles son los criterios que utilizan para poner las notas. Ese parece ser un paso que el G-20 se animaría a dar. Mientras tanto, en Argentina muchos siguen consultando a las agencias como si tuvieran la verdad y como si nada hubiera pasado.