El defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, le recomendó al ministro de Economía, Roberto Lavagna, que se abstuviera de autorizar incrementos tarifarios en los servicios públicos privatizados, mediante decretos y actos administrativos que “vulneren lo dispuesto por la Constitución y las leyes”.
Ante el anuncio de Lavagna de disponer aumentos en las tarifas de gas y electricidad por decreto, el defensor del Pueblo se dirigió al ministro y le solicitó que “cumpla con los preceptos constitucionales y con las leyes que, a tal efecto, fueron sancionadas”. Mondino argumentó que “insistir hoy con un aumento de las tarifas es no entender lo que pasó en Argentina en estos últimos meses, donde la gente perdió abruptamente su poder adquisitivo y la economía se desmoronó hasta niveles nunca vistos”.
El ombudsman nacional ya le había solicitado en los últimos días al jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, que “se convoque a audiencias públicas donde se pueda debatir cualquier modificación, tanto en el cuadro tarifario como en los contratos de concesión, de los servicios públicos”.
El propio ministro afirmó hace un par de semanas que, si se impedía judicialmente la realización de las audiencias públicas convocadas para discutir los pedidos de aumento formulados por las empresas a cargo de tales servicios, el Gobierno podría disponer los incrementos por decreto.
Las audiencias fueron suspendidas por la Justicia en base a un recurso presentado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y algunas entidades de consumidores, y ahora los entes reguladores apelaron la medida procurando reactivar esa instancia para resolver sobre el tema.
Quienes se oponen a un ajuste tarifario por esta vía sostienen que la cuestión debería estar enmarcado en una renegociación global de los contratos de concesión, en un esquema similar al que se está siguiendo para los casos de las tarifas de Aguas Argentinas y de los concesionarios de rutas con peaje.
En tanto, la defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, defendió la misma línea que su par de la Nación y sostuvo que “los anuncios de Lavagna no nos asustan y recurriremos una vez más a la Justicia para impedir este atropello”. Está claro que la pelea recién comienza y que para satisfacer la demanda de las empresas, el Ejecutivo deberá encontrar mecanismos que no entren conflicto con los restantes poderes del Estado.