La recomposición en el nivel de las contribuciones patronales, reducidas sensiblemente en 1993, permitiría no sólo una mejora en los haberes jubilatorios, sino que aseguraría la sustentabilidad del régimen de asignación universal por hijo. Desde el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra), que encabeza Eduardo Basualdo, remarcan las potencialidades redistributivas de retomar la presión sobre el sector empresarial.

A pesar de que resalta la importancia de la reestatización de octubre de 2008, el trabajo advierte sobre la necesidad de utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) con fines de desarrollo estratégico. Además, destaca que a través de la Ley de Movilidad Jubilatoria los incrementos se desliguen de la decisión presidencial, aunque en contextos inflacionarios correrían por detrás de los precios.

El discurso dominante se refiere a los recursos del FGS (surgido del traspaso de los fondos antes controlados por las AFJP hacia la Anses) como “la plata de los jubilados”. Lo concibe bajo la lógica de la capitalización individual, negando el carácter solidario intergeneracional propio del régimen de reparto. Según esta lógica individualista, los recursos deberían “volver a los jubilados” o eventualmente quedar “protegidos del mercado”.

Para los investigadores del Cifra Nicolás Arceo, Mariana González y Nuria Mendizábal, “no es cierto que estos fondos se puedan mantener inmovilizados; tampoco lo estaban antes de su transferencia”. Por otro lado, la variante que aboga por la utilización del FGS para pagar haberes confunde la noción de stock y flujo. El alza no sería sustentable porque no se desprende de un flujo continuo de ingresos.

Sin embargo, los investigadores critican la actual utilización del FGS y evalúan que no es sustancialmente distinto al uso que de él hacían las AFJP. El financiamiento al sector público constituye, igual que antes, la porción mayoritaria. En cambio, el incentivo a la producción queda relegado, con ejecuciones de fondos mucho menores de lo anunciado.

El pago de la asignación universal mediante la utilidad generada por el FGS es el punto saliente del uso de fondos previsionales. Para el año que viene se prevé una rentabilidad de 12 mil millones para afrontar un costo fiscal de la medida estimado en 7 mil millones. Por ello, en el corto plazo el financiamiento está asegurado. Sin embargo, “supone la descapitalización en términos reales del FGS en el mediano plazo”, indican los investigadores. Es que el alza de precios deprime el valor real del Fondo, en la medida en que las utilidades no se reinviertan. No sólo limita las posibilidades del FGS como dinamizador de la economía, sino que también reduce la viabilidad de la asignación universal en el mediano y largo plazo. “Esto no implica que el régimen no deba ser financiado por la Anses, sino que tendría que ser realizado con recursos corrientes”, explican.

Proponen como medio de financiamiento la recomposición de las contribuciones patronales. En 1993 fueron reducidas desde un 33 por ciento a la mitad. En la posconvertibilidad, el ratio se elevó a 23,4. Esto propició una importante transferencia de recursos en beneficio del empresariado: los investigadores indican que de aplicarse el 33 por ciento, en 2008 se hubiese recaudado alrededor de 16.500 millones de pesos adicionales. Agregan que por cada punto en que se incremente dicha ratio, los ingresos previsionales subirían en 1843 millones.

La suba en las contribuciones también permitiría un alza sustentable en los haberes, ahora atados a la ley de movilidad. Este mecanismo constituye un avance para los investigadores, pero por el método de cálculo advierten que, en un contexto inflacionario, los haberes podrían perder frente a la suba de precios. En este esquema, los incrementos por decreto siguen siendo de importancia, sobre todo para recomponer la base sobre la cual se aplican las subas, que a pesar de sucesivos aumentos durante estos años continúa muy erosionada frente al salario medio de un trabajador activo.

Informe: Javier Lewkowicz