El Gobierno no está construyendo un frente de empresarios afines. Tampoco una alianza con un sector del establishment. Ni siquiera un pacto de convivencia en torno de un puñado de medidas acordadas. La sucesión de encuentros masivos de la Presidenta y parte de su gabinete con empresarios –el de ayer fue el segundo de una serie que continuará– no pretende llegar, por ahora, a ninguna de esas metas. El itinerario es más modesto, pero más realista. El Gobierno intenta poder expresar, cara a cara con los empresarios de primera línea (por su exposición, sin otra consideración valorativa), qué piensa del momento económico, las líneas de acción que privilegiará y cómo espera poder discutir las políticas sectoriales. Después verá qué recibe a cambio.

Por lo pronto, el Ejecutivo aspira a cerrarle el camino a ese discurso maniqueo de que los empresarios sólo reciben del Gobierno maltratos de un maleducado secretario de Comercio Interior, como si los subsidios al empleo o incentivos vía fondos de la Anses para financiar ventas al mercado interno les llegaran por obra y gracia divina. No lo hará recordando una y otra vez todo lo que el Gobierno hizo por ellos. Más le valdrá encararlos y decirles “qué quieren, de qué vamos a discutir”. Y si es en un escenario abierto, con cámaras y micrófonos prendidos, como ayer, mucho mejor.

El problema, antes que de política económica –eso viene después–, es, primero, de actitud política del empresariado. Bien lo definió Jorge Brito, presidente de Adeba (bancos de capital privado nacional), quien ayer y en el anterior encuentro (cena del 22 de diciembre pasado en Olivos) se sentó a la diestra de la Presidenta. “Mi expectativa es que podamos charlar francamente, porque parte del cinismo que veo muchas veces en los empresarios es que uno, en una mesa, dice una cosa y cuando está frente a un funcionario, dice otra”, había dicho antes del encuentro previo a Navidad. Por proximidad o intuición, Brito acertó en la descripción del blanco al que le apunta sus dardos el Gobierno: el doble discurso empresarial.

Ayer, Cristina Fernández reconoció que “reconstruir la confianza de los capitales es una tarea ardua”. Se refería a los pasos que se fueron dando a partir de 2003, tras el agujero que dejó el default de diciembre de 2001. Pero no pueden dejar de ser leídas en el marco actual. La tarea es ardua, pero el Gobierno está diciendo que asume la tarea. Y que todavía le interesa “reconstruir la confianza de los capitales”.

Y una de las dificultades que hacen ardua la tarea es la cantidad de clichés y discursos maniqueos –como el reduccionista argumento de echarle toda la culpa a Guillermo Moreno– echados a rodar. Uno de ellos es la remanida invocación a la seguridad jurídica, con la quejumbrosa frase “no hay reglas de juego claras”. Además de una puntillosa descripción de los logros económicos en plena crisis, Cristina Fernández lanzó algunas definiciones que, bien leídas, marcan las líneas de acción a las que el Gobierno apuesta y que son, en consecuencia, “reglas de juego claras” sobre las que se asienta la estrategia oficial:

- “Tener mercado interno es el reaseguro que tenemos” ante eventuales crisis, aunque la demanda local dejó de ser una alternativa excluyente con la exportación.

- “Nadie puede discutir el tema de una oferta protegida”, una referencia a las políticas proteccionistas que se abrieron como paraguas frente a la amenaza de invasión de productos extranjeros.

- “... ni la necesidad de seguir haciendo obras de infraestructura”, un elemento dinamizador de la economía que, sin embargo, algunos sectores de la oposición querrían ver sometido a las tenazas de una política de ajuste.

- “... o la necesidad de seguir con incentivos”, dijo ante una audiencia destinataria de los mismos.

“Yo no soy oficialista, pero lo que hay del otro lado me da terror, esta oposición trabaja en favor de una política de ajuste tradicional, y ahí nos barre a todos”, explicó un empresario pyme que ayer no fue a Olivos pero asegura que estará en una próxima, quizá más reducida, cuya organización está en manos del ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Esa puede resultar la oportunidad para discutir en concreto, con diagnóstico y propuestas, y avanzar hacia un modelo productivo con inclusión social. Si el Gobierno llega a ese punto, dividirá aguas entre el empresariado y también en el plano político. Los que se oponen con una visión conservadora y neoliberal, tratarán de bloquear el camino. El Gobierno corre contrarreloj para convencer a los incrédulos de que propone algo distinto, y que el modelo que ofrecen enfrente “es de terror” para los intereses de pymes y sectores vulnerables en general.