El Gobierno insistirá en el ajuste de las tarifas eléctricas y de gas mediante un nuevo decreto de necesidad y urgencia, pero esta vez apuntando a modificar la Ley de Emergencia Económica en su artículo 8, que impide el cambio de tarifas si no se realiza en el marco de una renegociación global de los contratos. Así, el Palacio de Hacienda busca evitar un nuevo embate de las defensorías del Pueblo (Nacional y de la Ciudad) y de las entidades de consumidores, que en tres oportunidades ya lograron obstaculizar los aumentos en virtud de lo establecido en la mencionada Ley de Emergencia, de enero de este año.
Enrique Devoto, secretario de Energía, ratificó que el Gobierno apelará el fallo de la jueza Susana Córdoba, que bloquea el aumento de tarifas en todo el país (ver nota central en esta página). Sin embargo, las autoridades económicas ya piensan en una estrategia alternativa para lograr una recomposición parcial de los ingresos de las concesionarias del servicio de electricidad y de gas. “Vamos a proponer la modificación del artículo 8 de la Ley de Emergencia Económica (en el que se basan los recursos de amparo) por un decreto de necesidad y urgencia, para que después lo ratifique el Congreso; sería muy difícil que se pueda debatir directamente un proyecto de ley, para lo cual habría que convocar a sesiones extraordinarias”, precisó Devoto. Descartó, en cambio, que pueda resolverse un segundo aumento en marzo o abril, como inicialmente se había previsto. “No será dentro de la gestión del actual gobierno”, señaló el funcionario.
El cuadro de situación que tiene el equipo económico del área energética es que, aun con tarifas pesificadas, las concesionarias están en condiciones de cubrir sus costos operativos. En cambio, admiten que lo que recaudan no da como para mantener los planes de inversión y mantenimiento necesarios para sostener la calidad del servicio. “No hay riesgo de colapso inmediato, pero a mediano plazo podrían aparecer dificultades por la falta de inversiones, si la oferta no se amplía y hay cierto repunte en la demanda”, sostienen los técnicos del Palacio de Hacienda. Es por ello que la propuesta apuntaba a una recomposición moderada de los ingresos en pesos de las empresas.
La cuestión de la deuda en divisas de las prestatarias es un asunto aparte: desde un principio se descartó la posibilidad de cubrir esa necesidad de las empresas por vía de aumento de tarifas. “En todo caso, podríamos acompañarlos para conseguir una mejor refinanciación”, sugieren en Economía.
“Pensar en que se puede ajustar masivamente las tarifas afectando a sectores que tienen los ingresos congelados es, directamente, una locura”, confió a este diario un alto ejecutivo de una empresa líder del sector energético. Las propias concesionarias han manifestado su acuerdo con un ajuste tarifario que excluya a los sectores de menores ingresos. La razón por la que hasta ahora no ha habido una confrontación mayor entre licenciatarias y Gobierno es que, desde las primeras, reconocen que no hay falta de voluntad de las autoridades en resolver los problemas, pero sí falta de fuerza política para imponer las soluciones. El equipo de Roberto Lavagna, por ahora, no baja los brazos y ya prepara el nuevo intento.