Una delegación del Banco Mundial encabezada por uno de sus economistas jefes, Guillermo Perry, visitó ayer al ministro de la Producción, José Ignacio De Mendiguren, para “evaluar las potencialidades del sector productivo”, según consignó el propio ministro. Aunque no hablaron de números ni de la aceleración de los créditos pendientes que comprometió la entidad multilateral la semana pasada, De Mendiguren dijo que notó a la delegación “muy sorprendida” por los datos que le presentó, y agregó que “acá vinieron sólo a escuchar, pero la negociación sigue con los funcionarios de Economía”.
“Hay una visión de Argentina en el mundo que parte sólo del aspecto financiero, y no del ámbito de la producción”, sostuvo el ministro al salir de la reunión, “pero lo cierto es que el país productivo está intacto, a pesar de los problemas financieros”. En ese sentido, explicó que el parque industrial actual “es el más moderno de los últimos 50 años, con una antigüedad promedio de seis años”, y contrastó esa situación con la que se vivía en 1991, cuando comenzó a regir la Convertibilidad.
Por otro lado, De Mendiguren aseguró que hay “nuevos horizontes” para las empresas pymes, a las que “les hacen falta herramientas para financiamiento porque la maquinaria productiva está funcionando”. El ministro dijo además que lo que necesita el sector es que “no se destruyan más activos” y que el plan económico que se anunciará mañana contiene “medidas de previsibilidad” para que pueda reactivarse el actual 50 por ciento de la capacidad productiva ociosa.
De Mendiguren se reunió ayer, junto al presidente del Banco Nación, Enrique Olivera, en la sede de la entidad financiera, con representantes de organizaciones que nuclean a las pymes. Al promediar el encuentro, en conferencia de prensa, ambos funcionarios destacaron que se está avanzando en la construcción de estas herramientas de financiación, como la instrumentación de la factura conformada, e hicieron hincapié en la importancia de la sanción de las modificaciones a la Ley de Quiebras, aunque expresaron su temor que la norma sea vetada por el Poder Ejecutivo.