ECONOMíA • SUBNOTA › EL DEFAULT SE RESOLVIO CON PAGOS A SEIS AÑOS
› Por David Cufré
Uno de los antecedentes que el Gobierno toma para encarar la negociación con el Club de París es el acuerdo que alcanzó con España en 2007, por el cual se fijaron las condiciones de devolución de casi mil millones de dólares que ese país había prestado en 2001 bajo la presidencia de Fernando de la Rúa. El arreglo se pactó a seis años, con 24 cuotas trimestrales en las cuales el monto a cancelar va creciendo gradualmente. Los primeros ocho pagos son más bajos, los siguientes cuatro más altos, otros ocho todavía mayores y los últimos cuatro los más elevados. Esa fórmula, como se indica en la nota central, se ajustaría en función de variables objetivas, que llevarían a acelerar los pagos dependiendo del éxito de la economía argentina.
Los 972 millones de dólares que España le prestó al gobierno de la Alianza para facilitar el blindaje del FMI terminaron en default, como todo el resto de la deuda, en el verano caliente de 2002. Ese pasivo quedó incorporado al paquete de la deuda con el Club de París, el cual se compone de incumplimientos varios en distintas etapas de la Argentina con las 19 naciones que integran el grupo. Sin embargo, el gobierno de Néstor Kirchner planteó una negociación bilateral con España para separar esos casi mil millones del resto, como parte de la estrategia diplomática en relación con ese país. La oferta fue aceptada y en 2007 se llegó a un arreglo, con los seis años de plazo y una tasa de interés Libor más 1,4 por ciento anual.
Aun así, España sigue figurando como acreedor del Club de París con unos 620 millones de dólares, el 6,9 por ciento del total de los pasivos en default. Son créditos anteriores a los 972 millones de 2001, que ya no figuran en el paquete del Club.
Según detalló la semana pasada el ministro de Economía, Amado Boudou, el 49 por ciento de los compromisos con el grupo son préstamos concedidos a la Argentina antes de 1983 –la mayor parte fueron tomados por la última dictadura militar–, mientras que el 9 por ciento corresponde al gobierno de Raúl Alfonsín y el 42 por ciento restante a los gobiernos de Carlos Menem y De la Rúa.
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