Es la historia de un viejo conflicto planteado en capítulos. La reforma previsional del año 1994, atendiendo a la preocupación empresaria para que las AFJP (es decir, los bancos) no les “coparan” el directorio, impuso un límite al ejercicio del derecho de las administradoras de fondos como accionistas: no podrían reclamar, cada AFJP en cada empresa, más de los derechos que le otorgara una tenencia del 5 por ciento del capital. La concesión fue hecha por Domingo Cavallo, aunque no fue original: la copió del texto con el que el pinochetismo había redactado la reforma previsional chilena.

La reforma previsional de 2008, que devolvió al sector público el manejo del fondo de garantía para el pago de futuras jubilaciones, heredó dicho límite y se lo impuso a la Anses, su nuevo administrador. Así, cualquiera fuera la proporción del capital que ostentara la Anses de una empresa, no podría hacer valer sus votos en más de lo que le correspondiera al 5 por ciento de participación.

Pero si antes era extraño que una AFJP tuviera más del 5 por ciento de una sola empresa, ahora el Fondo de Garantía reunía las tenencias de todas las AFJP, con lo cual exceder ese límite resultaba más probable. Aunque “por razones no del todo claras”, como se dijo entonces, la restricción se extendió al Estado. “Fue un olvido o no se quiso levantar más olas, más allá de las que provocaba la eliminación del sistema de las AFJP”, explican hoy desde organismos financieros oficiales.

La puja, desde entonces –noviembre de 2008–, fue mano a mano entre empresas de primera línea y el Estado. Las primeras, pese al límite en el ejercicio de derechos del Estado, resistieron incluso el nombramiento de un único director estatal. La primera designación en una empresa privada se dio en Gas Natural BAN, luego le siguió TGS. No por casualidad, las empresas energéticas adquirieron protagonismo en esos primeros meses de 2009, al iniciar un nuevo capítulo en la disputa. El Gobierno buscaba forzar inversiones que garantizaran el abastecimiento de gas a la población, en otra puja de arrastre con las privatizadas. Las acciones de la Anses se convertían así en una herramienta clave de política económica. Y lo seguirían siendo.

El nombramiento de directores en las empresas con acciones en la cartera de la Anses enfrentó tropiezos a lo largo de 2009 y 2010. No así la capitalización del Fondo de Garantía. Cuando el Estado tomó el control, a fines de 2008, no alcanzaba a 75 mil millones de pesos. A mayo de 2009 superaba los 98 mil millones, y un año después (30 de abril de 2010) superaba los 150 mil millones de pesos. No hubo adquisición de paquetes en ese período de 18 meses, sino valorización de capital en su mayor parte y cobro de dividendos en una porción menor. La crisis de 2008 había dejado a varias AFJP al borde del colapso. La apuesta de la Anses a absorber los fondos de capitalización había resultado, en cambio, una buena política de mercado.

La Anses había asumido el compromiso de no vender las participaciones accionarias en su poder. Un temor alimentado por quienes ventilaban que el organismo estatal de la seguridad social haría uso de esas participaciones para obtener capital líquido fácilmente. No ocurrió. Y con la decisión de anoche, el Gobierno ratifica indirectamente su voluntad de seguir teniendo esas participaciones accionarias. Lo que ahora se observa es nuevamente temor empresario, pero que se alimenta con argumentos inversos a los de 2009: el nuevo enunciado señala que “el Estado adquiere un protagonismo que no es bueno para el sector privado”. Antes porque se podía ir, hoy porque se queda.

Se queda y, además, para hacer valer plenamente sus derechos. Para hacer pesar su opinión en decisiones de inversión. Para ejercer un mayor control con más directores. Para defender la distribución de utilidades en favor del fondo de garantía. Son algunas de las razones que se esgrimían anoche para defender la medida, que refuerza el rol activo que el Estado quiere seguir ejerciendo en la economía. La Anses vuelve a ser la herramienta.