Diez años después de haber sido despedidos a consecuencia de la privatización, los ferroviarios que pertenecían al San Martín cargas están todavía pleiteando para obtener la entrega de las acciones del Programa de Propiedad Participada. Tampoco los trabajadores que conservaron sus puestos las recibieron. Esos papeles deben representar, según está establecido en las normas, un 4 por ciento del capital de la privada BAP (Buenos Aires al Pacífico), que al ser transferida por el Grupo Pescarmona a manos de empresarios brasileños pasó a llamarse América Latina Logística Central.
El único punto de la legislación referida al PPP que sí se cumplió fue la designación de un director obrero, representante de los trabajadores que fue elegido por la Unión Ferroviaria. Aunque las normas no prevén ninguna injerencia sindical en los programas, en los hechos ha sido el dirigente José Pedraza quien manejó el ejercicio de los derechos políticos del personal. En cuanto a los económicos, el estatuto de BAP optó por administrarlos a través de un fideicomiso, que en todos estos años tampoco se constituyó.
Este conflicto dio origen a una causa penal, patrocinada por la abogada Liliana Zabala, en la que se formulan acusaciones contra los funcionarios de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte, la empresa concesionaria y los gremialistas, “por arrogarse una representación societaria de la que carecen”. El lunes último, en una audiencia judicial, la empresa prometió que en 60 días hará entrega de las acciones y constituirá el fideicomiso. Los querellantes tienen sin embargo sus dudas: aseguran que promesas similares ya fueron incumplidas en el pasado.