El mecanismo de regulación del mercado de trigo, vigente desde hace cuatro años, hasta ahora ha logrado el objetivo de garantizar el abastecimiento interno para la molinería pero, en materia de precios, deja heridas profundas del lado del productor, sobre todo en el sector de los más pequeños. Desde la vereda de la producción se acusa al sistema de favorecer el control del precio del mercado por parte de las seis mayores exportadoras y beneficiar a la industria molinera que, en ese marco, también paga un precio inferior al que fija el Gobierno como valor mínimo (el denominado “FAS teórico”). Pero mientras que Sociedad Rural y Confederaciones Rurales proponen una liberación total del mercado, los operadores más cercanos a los pequeños productores dicen que eso “sería lo mismo que la situación actual, ya que le dejaría todo el control a las multinacionales exportadoras”. En cambio, reclaman una mayor intervención del Estado, pero con una regulación más eficiente, controlando precios además del abastecimiento al mercado interno. Hay sectores del Gobierno que están más cerca de esta posición que de la sostenida por la Secretaría de Comercio Interior, ejecutora del actual mecanismo. Ayer, la presidenta de la Nación escuchó una extensa exposición sobre las dificultades del mecanismo actual y un esbozo de probables caminos alternativos.

El actual mecanismo de regulación oficial funciona así: a medida que se va conociendo el resultado de la cosecha, primero se espera que se cubran las necesidades para el mercado interno (6,5 millones de toneladas para consumo interno y 600 mil toneladas para semilla), y una vez superado ese umbral empiezan a liberarse, paulatinamente, volúmenes para exportación. Por ejemplo, cuando se estimó que ya se habían superado las 10 millones de toneladas, se liberaron las primeras 3 millones de toneladas de trigo para exportación. Y así sucesivamente. Teóricamente, la industria molinera (más de 160 empresas) debería competir entre sí por las primeras 6,5 millones de toneladas, y los exportadores por las siguientes. La producción de esta campaña se estimó en 14,7 millones de toneladas. Es decir que habría disponibilidad suficiente de trigo para todos los fines.

Adicionalmente, el Ministerio de Agricultura hace el seguimiento del precio internacional y fija diariamente un precio interno de paridad, en base a descontar al valor de Chicago el flete, otros costos del viaje hasta el Hemisferio Norte y una diferencia por calidad. Ese precio, el “FAS teórico”, se estableció como el mínimo que deberían pagar los compradores por el trigo disponible.

“Si hubiera libre acceso al mercado y éste reflejara el FAS teórico, estaríamos en una situación aceptable”, razonó un operador muy cercano a los productores chicos. Pero hay distorsiones que estarían alterando todo el mecanismo, reconocen incluso en las filas oficiales (fuera de Comercio Interior). El acceso al mercado está limitado a aquellos exportadores que obtengan un permiso de venta al exterior denominado ROE (Registro de Operaciones de Exportación), que emite el Gobierno pero cuyo manejo Comercio Interior le “cede” a la Cámara de Exportadores de Cereales para que lo distribuya entre sus miembros. Esta lo hace en función de los volúmenes históricos de facturación, con lo cual “congela” el grado de concentración preexistente. Seis empresas se reparten aproximadamente el 90 por ciento de los ROE, lo que les permite acordar quién entra en el mercado en cada momento y por cuánto. La competencia, así, no existe.

Pero, además, desde el sector de la pequeña producción se denuncia un “manejo de precios” que burla la vigencia del valor sostén o FAS teórico. “Como éste sólo es obligatorio para operaciones sobre trigo disponible, las exportadoras compran el trigo en el mercado a futuro, donde pagan 30 o 40 dólares menos por tonelada, y cuando obtienen los ROE lo asignan a esas operaciones: jamás pasan por el mercado disponible”. Desde fuentes oficiales (fuera de Comercio Interior) se admite la existencia de estos desvíos. “Son seis grandes compradores contra 30 mil productores, con lo cual la paridad en la negociación no existe. Por urgencia en vender una vez cosechado el grano, sin capacidad propia de almacenaje ni de pagar por instalaciones de terceros, el pequeño productor acepta lo que le ofrezcan”, explican.

Técnicos del sector cercanos al Gobierno señalan que mientras la firma acopiadora y exportadora AFA, de los pequeños productores, “puede pagar 220 dólares la tonelada, las multinacionales están pagando 170; no es que los productores no tengan rentabilidad, pero ven cómo seis grandes empresas le roban delante de la cara y se reparten la ganancia: ahí surge la bronca”.

Ayer, el tema fue expuesto ante la presidenta de la Nación. En el Ministerio de Agricultura analizan la posibilidad de cambiar el mecanismo de liberaciones parciales de cupos de exportación y asignación de los ROE por intermedio de la Cámara de Exportadores, buscando eliminar distorsiones.