La provincia de Río Negro es un caso emblemático de cómo se venden tierras fiscales a titulares extranjeros. La fiscal Daniela Zágari presentó una denuncia –a instancia de los legisladores Luis Bardeggia y Luis Bonardo– que incluye 40 mil hectáreas en litigio en el distrito catastral El Bolsón. El último caso adjuntado a la causa incluye dos predios fiscales que suman en total 10 mil hectáreas que pasaron primero a una empresa nacional y luego a la multinacional Burco, propiedad del belga Hubert Gosse. Las sucesivas transferencias se realizaron en menos de cinco años, que es el tiempo legal previsto por la Ley de tierras provincial. Además, el gobernador Miguel Saiz ya le había entregado directamente a Burco un predio que encierra al Cerro Carreras, de 2400 metros de altura.

“La operatoria siempre es la misma. La provincia adjudica tierras a empresas locales, luego éstas revenden a terceros, quienes las colocan en venta en el mercado inmobiliario. La adjudicación es pergeñada con el único fin de sacar las tierras del dominio público”, explicó a Página/12 Bardeggia.

Según la denuncia de los legisladores, elevada como causa penal por la fiscal Zágari, en 2008 Saiz le vendió a la empresa Forestal y Ganadera San Tadeo SRL dos campos de 10 mil hectáreas. El intermediario fue Fernando Valenzuela, integrante del estudio de abogados de José Luis Martínez Pérez, presidente de la empresa mixta Emfor.

A los pocos meses de la primera venta, los dos campos fueron transferidos a Ana María Trianes, cónyuge de Martínez Pérez, quien pagó entre 27 y 36 pesos la hectárea, según la denuncia. El nombre de Martínez Pérez es relevante, ya que fue apoderado del inglés Joe Lewis y actuó de intermediario en la venta de varios terrenos que terminaron en manos del inglés, a través de Emfor.

Según la denuncia de los legisladores y la fiscal, la operatoria incorporada recientemente en la causa terminó de concretarse cuando Trianes vendió en febrero de este año los dos campos a Hubert Gosse, titular del grupo Burco. El juez de instrucción Carlos Reussi decidió colocar en todos los boletos de compraventa de las 40 mil hectáreas involucradas en la denuncia la frase “en conflicto” para evitar que en el lapso de la investigación sean revendidas. Por esta causa están imputados el ex ministro de Producción Juan Acattino, el subsecretario de Tierras Jorge Belacin y el director de Tierras Daniel Tait.