Marteau (primero de la izquierda) junto a Pleé (segundo de la derecha).

Con los cambios anunciados ayer por la Procuradora General de la Nación, el fiscal general Raúl Pleé dejará de tener incidencia en la lucha contra el lavado de dinero, tarea en la que obtuvo pobrísimos resultados durante su gestión al frente de la Unidad Fiscal que hasta ayer estuvo encargada de investigar ese delito. Luego de once años de vigencia de la ley antilavado, sólo se produjeron en el país dos condenas por casos menores en las que además Pleé no tuvo participación.

Desde el Gobierno cuestionan la supuesta permeabilidad de Pleé frente al lobby de consultoras y estudios jurídicos encargados de asesorar y representar a grandes corporaciones en temas de lavado. El vínculo más llamativo es el que mantiene con Juan Félix Marteau, ex representante de la Argentina ante el GAFI, que hoy se desempeña como asesor de empresas en cuestiones de lavado (entre otras, el Grupo Clarín). La hija de Pleé, María Celeste, trabaja en el estudio de Marteau, pero además, el fiscal y el abogado comparten un curso de posgrado en la UBA que dirige Marteau, participan en la Fundación de Investigaciones de Inteligencia Financiera donde Marteau es el presidente y Pleé forma parte del Consejo Consultivo y se muestran juntos en charlas, congresos y eventos públicos (ver foto).

Pleé ingresó en la Justicia en 1972, cuando tenía 19 años, se desempeñó en distintos juzgados con cargos menores y fue relator en la Cámara del Crimen de la Capital Federal, tribunal que tuvo un rol clave en el entramado burocrático-judicial del terrorismo de Estado. En junio de 1977 fue nombrado secretario de Juzgado Nacional de Primera Instancia, cargo en el que permaneció hasta 1984. Luego tuvo un breve desempeño como juez en lo Penal Económico, hasta que en 1988 fue nombrado fiscal ante la Cámara Nacional de Apelaciones de San Martín. Allí le tocó llevar adelante la instrucción de la causa por el intento de copamiento del cuartel de La Tablada, ocurrido en enero de 1989. Pleé fue acusado por organismos de derechos humanos de reunir evidencias y aceptar testimonios obtenidos merced a torturas a las que fueron sometidos los militantes detenidos. Además, lo acusaron de pasar por alto denuncias sobre torturas y ejecuciones sumarias concretadas por militares cuando el intento de copamiento ya había sido rechazado.

En 2007, luego de que se declararon inconstitucionales las leyes de obediencia debida y punto final, Pleé fue, junto con el fiscal Juan Martín Romero Victorica y el juez Alfredo Bisordi, uno de los funcionarios judiciales acusados de obstaculizar, en la Cámara de Casación, el avance de las causas por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la última dictadura.