El Estado nacional sigue transitando hacia la recuperación de su rol de administrador del sistema ferroviario. La ley de reordenamiento del sector había establecido una forma de organización del sistema que se ha ido cumpliendo en forma paulatina, lentamente. Durante el menemismo, con las privatizaciones, el Gobierno les había cedido a empresas privadas no sólo la gestión sino también la administración del sistema. La política definida para el sector en los ’90 era, claramente, restarle protagonismo al sistema ferroviario y dejar que el transporte de pasajeros metropolitano subsistiera, en base a subsidios, hasta donde le fuera posible, sin más aspiraciones que ésa.

Las deficiencias de la gestión llevaron la situación a la catástrofe. El replanteo actual es recuperar el rol administrador del Estado. La definición de política sectorial no es todavía tan clara. Para conocer esta última será necesario saber cuáles serán los objetivos en materia de transporte ferroviario interurbano y de larga distancia, pero también de carga. Como un todo integrado.

Podrá discutirse la legitimidad y hasta la conveniencia de seguir con dos concesionarios privados (Emepa y Roggio) profundamente involucrados en toda la gestión nacida del menemismo. La opción en marcha es redoblar el sistema de control estatal sobre los mismos, mejorar la eficacia de las multas, definir más claramente sus obligaciones. Revisar y perfeccionar, en resumen, sus condiciones contractuales. Lo que no puede estar en discusión es que los ferrocarriles en ningún momento dejaron de ser estatales. Para bien o para mal.

La privatización significó la liquidación de la empresa Ferrocarriles Argentinos, su desaparición, pero los bienes con los que se prestaba el servicio siguieron siendo del Estado –vías, material rodante, etc.–, aunque pasaran a manos de operadores privados. Un Estado administrador hubiera velado por su buen uso, preservación y el cumplimiento de estándares mínimos de prestación del servicio. Ese rol fue abandonado por completo en los ’90, sin replanteo en la breve gestión de la Alianza (2000/2001).

Sofse, Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, creada en 2008, pasa a ser en la actual etapa plenamente responsable de la administración del sistema de transporte interurbano, y de velar por el cumplimiento de los contratos por parte de Emepa y Roggio. Así fue establecido por la Ley de Reordenamiento Ferroviario, pero su ejecución se fue completando de a poco. La Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF) es, por mandato del mismo cuerpo legal, responsable de definir y ejecutar las inversiones. Entre ambas, asumen la totalidad de la administración del sistema ferroviario. El esquema refuerza la capacidad de control del Estado, pero define también de forma más clara sus responsabilidades.

Antes de esta redefinición, la responsabilidad por un accidente grave, por ejemplo, podía recaer plenamente sobre el titular de la concesión, si se aceptaba que ni la administración ni la operación corrían por cuenta del Estado. Sin embargo, también cabe sostener que el control de la administración de un servicio público, máxime en cuestiones de seguridad, es irrenunciable por parte del Estado. Seguramente no se pensaba así en los ’90, cuando directamente se decidió que el Estado saliera de escena.

La fuerte apuesta que está haciendo el Estado en la compra de material rodante y renovación de vías dice mucho respecto de la decisión de recuperar el servicio interurbano. Las inversiones en la red troncal del servicio de carga también ponen de manifiesto el interés en no abandonar esta opción de transporte, que en los ’90 fue cedido para uso de los concesionarios en exclusivo beneficio de sus propias empresas, subsidiándolos además por hacerlo. En esta materia, como en otras, el gobierno kirchnerista ha demostrado su vocación por la intervención firme del Estado cuando es necesaria, después de darle la oportunidad al sector privado de demostrar si es capaz de resolver las necesidades y una vez que esta opción haya demostrado su fracaso.

A lo que es menos afecto el gobierno de esta década es a la planificación. Y en materia ferroviaria, los planes estructurales de largo plazo, considerando la demanda de transporte existente pero también la que se promoverá al hacer el tendido de vías, es insustituible. En ese terreno, hay una definición pendiente.