Luego de que el gobierno alcanzara un acuerdo con las provincias para reducir gastos y con la aprobación asegurada del Presupuesto 2002
el miércoles próximo, el Ministerio de Economía confirmó que una misión del Fondo Monetario arribará al país el próximo martes. Pese al reinicio de negociaciones formales, voceros gubernamentales se mostraron poco esperanzados de obtener desembolsos en el corto plazo. Las metas para recibir ayuda son cada vez más modestas. El primer objetivo serán 1200 millones pendientes que forman parte de los 9000 restantes del blindaje y de los acuerdos obtenidos por Domingo Cavallo. En tanto, la calificadora Standard & Poor’s adelantó indirectamente parte de las demandas que el Fondo pedirá a la Argentina.
La delegación del FMI estará encabezada por el flamante director de Operaciones Especiales del organismo Anoop Singh. La fecha de llegada del grupo fue ratificada luego de una conversación telefónica que el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, mantuvo con la cúpula del organismo financiero. La reanudación de los contactos formales ya había sido anticipada el jueves desde Washington por Thomas Dawson, vocero de la entidad.
El FMI canceló en diciembre un desembolso de 1.264 millones de dólares correspondientes al “blindaje” financiero acordado a finales de 2000, lo que precipitó la caída del gobierno de Fernando de la Rúa y la posterior declaración de la cesación de pagos de la deuda pública. El programa de Argentina con el Fondo asciende a 22.000 millones de dólares, de los cuales restan desembolsar unos 9.000 millones.
Si bien el reinicio de las conversaciones es un dato alentador por la posibilidad de un auxilio financiero, las exigencias que puede plantear el FMI podrían provocar más de una dificultad en el gobierno de Duhalde.
En tanto, la consultora Standard and Poor’s consideró que el nuevo pacto de coparticipación fue la “oportunidad” para iniciar un “consenso que ya no puede ser postergado”. En un informe detalló además cuáles son las dificultades que debe superar la economía, dificultades cuya resolución será demandada por el Fondo. Entre ellas se destacan la caída de la recaudación a nivel nacional y especialmente a nivel provincial –debido al “fenómeno de la moneda provincial que interfiere en la facultad de generar una política monetaria consistente”– y la “inconsistencia institucional”, porque aunque las provincias dependen del gobierno federal, son independientes económica y financieramente.