Desde Brisbane

Los presidentes del G-20 reconocieron ayer por primera vez en una declaración conjunta los problemas que están enfrentando los países para garantizar la reestructuración de sus deudas soberanas. Lo hicieron al celebrar los avances realizados en los últimos meses para mejorar los contratos privados y fortalecer de ese modo los procesos de reestructuración, que vienen siendo jaqueados por los fondos buitre. “Estamos tremendamente conformes. Nos vamos con la satisfacción de haber aportado la experiencia argentina en este caso y haber hecho abierta y claramente la denuncia del accionar de los fondos buitre”, aseguró el ministro de Economía, Axel Kicillof.

La mención al tema de la deuda aparece en el punto 12 del cuerpo central del comunicado: “Damos la bienvenida al progreso realizado para el fortalecimiento de los procesos de reestructuración de deuda soberana ordenados y previsibles”, destacaron los presidentes. Luego volvieron a referirse al tema en un anexo referido a temas para acciones futuras: “Dados los desafíos que presenta la litigiosidad y a fin de fortalecer el orden y la previsibilidad de los procesos de reestructuración de deudas soberanas, damos la bienvenida al trabajo internacional sobre el fortalecimiento de cláusulas de acción colectiva y pari passu. Llamamos a su inclusión en los bonos soberanos y alentamos a la comunidad internacional y al sector privado a que promuevan activamente su utilización. Les pedimos a nuestros ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales que discutan el progreso alcanzado en este tema y en temas relacionados”.

La resolución estuvo dentro de lo esperado. Casi todos los países coinciden en que el fallo del juez estadounidense Thomas Griesa a favor de los fondos buitre que litigaron contra Argentina generó un problema global que es necesario resolver. La diferencia central está en cómo se encara esa resolución. Argentina, con el respaldo del G-77 más China, busca que se avance en el diseño de un marco jurídico multilateral para las reestructuraciones de deuda. La Organización de las Naciones Unidas recogió ese guante y en el plenario del 9 de septiembre de este año se aprobó avanzar en esa dirección por 124 votos a favor, 41 abstenciones y apenas 11 votos en contra.

Entre los que se opusieron están Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Japón y Canadá, pero eso no significa que esos países crean que no es necesario hacer nada. Su propuesta es aceptar que se fijen mayores precisiones en los futuros contratos de deuda para evitar casos similares al de Argentina. Por ejemplo, incorporando cláusulas de acción colectiva que permitan extender al conjunto de los acreedores lo decidido por una mayoría a definir y explicitando mejor lo que se entiende por pari passu (tratamiento igualitario) para evitar interpretaciones pro buitres como la de Griesa. Como anticipó Página/12 el viernes, eso fue lo que finalmente se resolvió ayer. No es la apuesta de máxima que se logró en la ONU, pero constituye un fuerte avance y así fue como lo entendió el Gobierno. Además, la parte final de la mención incluida en el anexo habilita a los ministros de Economía y a los presidentes de los bancos centrales a discutir no solo los avances en ese tema sino también en temas relacionados. Por lo tanto, puede verse en esa última mención una puerta abierta para eventualmente ir más allá en el futuro si es que las modificaciones contractuales no resultan suficientes para resolver el problema, tal como lo cree Argentina. En ese caso, las potencias centrales tendrán la posibilidad de participar en la ONU de la elaboración de la convención multilateral sobre deuda que se acordó implementar en septiembre para que sean los Estados, y no las cláusulas entre privados, los encargados de ponerles límite a los buitres.