“Por instrucción de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, estoy viajando a Naciones Unidas mañana (por hoy) para reunirme con el presidente de la Asamblea General, representantes de la Unión Africana, de la Celac y del G-77+China, para ir discutiendo todos los elementos que se hablaron en el G-20 y seguir hablando el tema de la deuda en Naciones Unidas”, aseguró el canciller Héctor Timerman, al finalizar la cumbre celebrada en Brisbane.

A mediados de octubre, el G-77+China propuso la conformación de una comisión ad hoc abierta a todos los miembros del organismo multilateral para avanzar en la creación de un nuevo marco legal para la reestructuración de la deuda soberana. La propuesta efectuada por Bolivia como titular pro témpore del G-77 recoge el mandato de la Resolución 68/304 del 9 de septiembre último de la Asamblea General, donde 124 países aprobaron la necesidad de crear un nuevo marco legal en la materia.

Esa resolución estableció que se promueve “aprobar y elaborar, mediante un proceso de negociaciones intergubernamentales y con carácter prioritario (...) un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de deuda soberana con miras a, entre otras cosas, aumentar la eficacia, la estabilidad, y la previsibilidad del sistema financiero internacional”.

En aquella asamblea de la ONU también se estipuló que las iniciativas al respecto debían presentarse para su discusión en el período de la Asamblea número 69 de la ONU, que cierra en diciembre próximo, para su posterior tratamiento durante el primer semestre de 2015. El proyecto destaca que las discusiones están “abiertas a todos los Estados miembro”.

En esa oportunidad, el canciller Timerman advirtió que “los países no pueden permitir un escenario en el que la reestructuración de la deuda quede a la discrecional voluntad de los especuladores. Si la ONU fue capaz de regular hasta el aprovechamiento de los recursos marítimos, cómo no podríamos decidir esto. Implica el compromiso de reconocer el derecho de todos a vivir en un presente y en un futuro mejores, desterrando una de las causas que genera la violencia que tanto nos preocupa”. Timerman indicó que “es hora de trazar un nuevo camino ético, jurídico y político y ponerle freno a la especulación desenfrenada”.

Ayer, en tanto, el canciller destacó que la inclusión en el comunicado del G-20 del problema de los litigios es importante no sólo para Argentina sino para “todos los países afectados por la emisión de deuda, previa a estas reformas que están planteando el Fondo Monetario Internacional y otros organismos”. La Asamblea de la ONU será, entonces, el siguiente paso en el camino de crear una legislación contra los buitres.