En septiembre, el plenario de la Organización de las Naciones Unidas respaldó la necesidad de avanzar en el diseño de un marco jurídico multilateral para las reestructuraciones de deuda por 124 votos a favor, 41 abstenciones y apenas 11 votos en contra. Uno de los problemas es que entre los que se opusieron están grandes acreedores como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Japón y Canadá, pero eso no significa que esos países crean que no es necesario hacer nada. Su propuesta es aceptar que se fijen mayores precisiones en los futuros contratos de deuda para evitar casos similares al de la Argentina. Por ejemplo, incorporando Cláusulas de Acción Colectiva (CAC) que permitan extender al conjunto de los acreedores lo decidido por la mayoría y explicitando mejor lo que se entiende por pari passu (tratamiento igualitario) para evitar interpretaciones pro buitres como la de Thomas Griesa. Eso fue lo que apoyó el G-20 el pasado 16 de noviembre en Brisbane. No es la apuesta de máxima que se logró en la ONU, pero también constituyó un avance y así lo entendió el Gobierno.

A raíz del descalabro que produjo en el sistema financiero el fallo de Griesa, en agosto del año pasado la Asociación Internacional de Mercado de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés) dispuso nuevas pautas de reestructuración para que se incorporen en los futuros contratos y así evitar que un grupo minoritario de acreedores haga fracasar la operación. El documento elaborado por el equipo técnico del organismo que nuclea a más de 450 bancos e inversores en 52 países, con sede central en Suiza, estableció que el grado de adhesión para que gatille la CAC debería ser del 75 por ciento. Además, la ICMA sostuvo que “la interpretación de la cláusula pari passu que realizó la Justicia estadounidense conlleva una considerable incertidumbre para las futuras reestructuraciones” y dio una serie de pautas para precisar esa definición en los nuevos contratos de deuda que se vayan firmando. El FMI respalda esta salida y las potencias centrales acreedoras respaldan estos cambios y no quieren ir más allá. El gobierno argentino consideró positivos los cambios, pero asegura que son insuficientes porque no resuelven de manera absoluta los problemas.

Por ejemplo, la ICMA determina dos dimensiones para la ejecución de las CAC. Una es a nivel de cada bono, mediante el concepto de mayoría: si los tenedores del 75 por ciento de una serie de bonos aceptan una propuesta de reestructuración sobre ese bono, el resto está obligado a aceptar la misma propuesta. Pero en principio podría suceder que los buitres compren el 26 por ciento de un solo tipo de bono de los varios que emite un país, y así puedan impedir finalizar la reestructuración. Por ese tipo de cuestiones es que se propone una nueva regulación que esté a cargo de la ONU y no dependa de la interpretación de los tribunales o la sagacidad de los abogados.