La Justicia procesó ayer a dos empresarios argentinos y a una socia uruguaya por contrabando de productos de ferretería valuados en 170 millones de dólares a través de sobrefacturación de importaciones trianguladas. El proceso, que derivó en el fallo del Juzgado Federal de Bell Ville, Córdoba, había sido iniciado a partir de una investigación de la AFIP. La evasión surge de más de 700 operaciones en las que participaron los empresarios Lisandro y Omar Barbuy y Ana María Villanueva. El monto de la fuga es de uno 35 millones de dólares y tuvo como destino inversiones inmobiliarias en los Estados Unidos, informó el órgano recaudador.

Se trata del primer operativo entre las Aduanas y Juzgados de ambos países contra el contrabando, evasión tributaria y fuga de divisas. Desde la AFIP destacaron la eficacia de los convenios de cooperación rubricados por la entidad que conduce Ricardo Echegaray con sus pares en distintos países en neutralizar este tipo de maniobras.

El procesamiento dictado por el juez federal Roque Ramón Rebak por supuesto delito de contrabando documentado surgió a partir de las tareas de análisis del riesgo que realiza habitualmente la Aduana, pero que en 2011 fueron reforzadas a partir de un contexto de fuerte salida de capitales. En ese marco se registraron operaciones de fuga de divisas, contrabando y evasión tributaria de las empresas Barbuy Team y Dosel, grandes importadores y comercializadoras de productos de ferretería industrial y jardinería del interior del país.

La maniobra consistía en el uso de una empresa “fantasma” creada en Uruguay, que refacturaba injustificadamente con una remarcación del 20 por ciento sobre valor de la mercadería que se adquiría en China. El objetivo era fugar divisas, eludir el pago de Ganancias, generar falso crédito fiscal y burlar el control aduanero al declarar un valor distinto al que correspondía. Entre los documentos secuestrados se pudo constatar que otras empresas, vinculadas con el mismo grupo económico, habrían cometido ilícitos aduaneros en Uruguay.

La maniobra se denunció en Uruguay a partir del Convenio de Cooperación y Asistencia Mutua entre las Administraciones Aduaneras del Mercosur.