El poder adquisitivo de los asalariados del sector privado volverá, en enero, al nivel que mostraba antes de la explosión de la crisis. Será así una vez que las empresas abonen el primer sueldo del año incluyendo los 50 pesos que el Gobierno otorgó por decreto. Esa conclusión se desprende de un informe privado, en donde se asegura incluso que ese incremento tendrá impacto en el nivel de consumo popular. Aunque advirtió que la mayoría de los trabajadores quedará excluida del beneficio por tratarse de empleo público o informal.
Esa investigación sobre política salarial pertenece al especialista en temas laborales Ernesto Kritz, cabeza de SEL Consultores. Allí se destacó que el peor momento para los salarios ocurrió a mitad del año pasado, justo antes de que la administración Duhalde decidiera el primer aumento salarial por vía del decreto. Sobre una base 100 del poder adquisitivo en diciembre de 2001, cuando estalló la crisis, a mediados de 2002 se ubicaba en 77. Esa pérdida del salario real se dio por la súbita escalada de los precios tras la devaluación, en medio de la disparada del tipo de cambio. A fines de junio del año pasado, el dólar valía casi 4 pesos y la inflación minorista acumulada bordeaba el 30 por ciento.
Tras los sucesivos aumentos salariales por decreto, el poder adquisitivo cerró el 2002 en un nivel de 92. Y ahora llegaría al mismo que antes del derrumbe de la convertibilidad.
El problema lo siguen teniendo los trabajadores en situación irregular, que según Kritz alcanza nada menos que el 40 por ciento del total. Al tomar la misma base 100 para diciembre de 2001, el nivel había retrocedido a 71 en octubre último. Habían pasado casi dos años de la devaluación.
En esta línea, la investigación dimensiona esa dura realidad. Asegura que continúa ampliándose la brecha entre las remuneraciones de los trabajadores en blanco, que se benefician con la intervención del Estado, y aquellos que no están registrados. Esa distancia se incrementó un 25 por ciento en el último año y medio. La conclusión del trabajo es polémica: afirma que ese aumento de la brecha salarial incentiva la informalidad laboral, ya que es cada vez más barato para los empresarios mantener en negro a sus empleados. Situación que, en todo caso, el Estado debería impedir a través de los controles del Ministerio de Trabajo.
El hecho de que los aumentos sean apropiados por los trabajadores regulares dispara otra situación, que profundiza la injusticia. Tres de cada cuatro beneficiarios del aumento se encuentran por sobre la línea de la pobreza. No es poco, si se tiene en cuenta que el 54 por ciento de la población está por debajo de esa línea de supervivencia. Los 50 pesos sólo beneficiarán al 4,3 por ciento de los indigentes.
Acerca del impacto de los 50 pesos sobre el consumo, el trabajo es determinante: el aumento de 175 millones de pesos de la masa salarial implicaría una expansión del 1,8 por ciento en los niveles de consumo. Por último, se destaca que la medida beneficiará a 3,5 millones de personas, a quienes el salario se les incrementará un 5,7 por ciento. El salario promedio de ellos asciende a 880 pesos.