El procurador del Tesoro, Horacio Rosatti, tiene el entusiasmo de quien se reconoce en plena “cruzada” para fortalecer los cuerpos legales del Estado, eludiendo delegar en un estudio privado la complicada defensa de los intereses nacionales. Pero el desafío, según admite el funcionario a Página/12, ya le proporcionó algunas satisfacciones. Entre ellas, el reciente fallo de la Corte Constitucional Federal Alemana habilitando a la Argentina a argumentar sobre el “estado de necesidad” que la indujo a la declaración del default. Si la Justicia germana finalmente admitiera ese cuadro excepcional, podría imponerle a sus propios bonistas aceptar una quita sobre valor de estos papeles. La puja con las privatizadas no es menos compleja y, según el jefe del principal cuerpo de abogados del Estado, finalizará cuando los accionistas mayoritarios acepten hacerse cargo de las demandas de sus socios minoritarios. Justamente, aquellos que demandaron ante el Ciadi.
–Los inversores extranjeros podrían tener contemplada la devaluación. ¿Pero no pueden argumentar que la pesificación y congelamiento de la tarifa era un riesgo imprevisto?
–La situación de la Argentina no es la más cómoda. Pero frente a esto la estrategia será poner énfasis en las cuestiones macroeconómicas. Había muchas circunstancias económicas que los inversores avezados conocían. Y, si consideramos la excepcionalidad de las cosas, también talla que muchos de ellos tuvieron rentabilidades imposibles de obtener en otro lugar del mundo. Además, la pesificación fue una solución para muchas empresas, que conservaron sus activos, pudieron seguir funcionando y ahora están renegociando sus contratos. Por el contrario, si las tarifas siguieran dolarizadas, muchas hubieran quebrado por el derrumbe del consumo.
–¿Entonces?
–Lo que pasa es que las demandas fueron presentadas en un contexto diferente. Hace más de un año, cuando muchos economistas vaticinaban que el tipo de cambio podría llegar a 15 pesos por dólar. Frente a esto, pidieron lo máximo posible. Pero ese riesgo quedó totalmente superado. Y la Argentina debe pagar 0.
–¿Si se limita la rentabilidad de los contratos originales, no hay peligro que insistan con la idea de que el Estado las expropió?
–No. Porque para que haya expropiación debe haber desapoderamiento de activos, pero las empresas mantienen íntegro su capital. Además, las medidas que se tomaron fueron temporarias, y por eso hoy se están renegociando los contratos. Finalmente, el sacrificio fue parejo para empresas nacionales y extranjeras, con lo que no puede decirse que hubo discriminación.
–La respuesta a CMS alude a un “estado de necesidad” que justificaría cambios sobre los contratos. ¿No es como admitir que, efectivamente, se vulneraron esos acuerdos?
–En primer lugar, destacamos que no hubo violación del Tratado de Inversiones. Pero la segunda línea de defensa es el estado de necesidad. Es decir: si se hubiera violado algún acuerdo, fue en ese contexto excepcional. La Corte Constitucional Federal Alemana, que analiza la demanda de tenedores de bonos de su país, abrió la posibilidad de que la Argentina argumente por qué estuvo en esta situación. El estado de necesidad está reconocido por la legislación internacional y si se admite en este caso, significaría que los alemanes tienen derechos y obligaciones iguales a los del país afectado, es decir a los argentinos. Si éstos sufrieron algún perjuicio, aquellos también deberían admitirlo.
–¿Y qué va a hacer la Procuración frente a ese fallo?
–A principios de febrero vamos a hacer una presentación muy minuciosa sobre este tema y estamos dispuestos a defender la idea ante una audiencia pública. Argumentos sobran. Teníamos un Estado impotente para cumplir susfunciones básicas y hasta con riesgo de perder su independencia: algunos incluso sugerían contratar gerenciamiento externo.
–¿Cree que las demandas de las privatizadas se van a mantener hasta el final o son sólo un recurso para forzar la renegociación de los contratos?
–Debemos trabajar sobre la hipótesis más dura de que sí. Pero un proceso de renegociación exitoso hará caer muchas demandas. El sistema de arbitraje internacional no puede resolver el nivel de litigiosidad de la Argentina: no está preparado para enfrentar reclamos por 16 millones de dólares. Tampoco funciona como sistema, ya que cada tribunal puede emitir fallos independientes, y tiene un sesgo comercialista por el cual cada Estado se trata como una sociedad anónima. Por ello es importante recuperar la jurisdicción local.
–¿Usted cree que la Justicia local sería más benévola?
–Sí, pero no por una cuestión voluntarista. Hay jueces extranjeros como (Thomas) Griesa que conceden prórrogas a su sentencia esperando que avancen las renegociaciones. Pero en el tribunal arbitral (Ciadi) no tenemos esa posibilidad. Nos negaron una prórroga hasta que termine el proceso de renegociación y habilitaron como litigante a los accionistas minoritarios, cuando nosotros estamos discutiendo con los mayoritarios. Eso nos atomiza la negociación. Nosotros denunciamos esto hace unos días en París ante la OCDE, donde hay mucho interés en el caso argentino.
–¿Y qué pasa si hubiera un laudo antes de terminar la renegociación?
–Por ahora conseguimos postergar cualquier fallo hasta el último trimestre del 2004. Pero, además, impondremos una cláusula que obligará a la empresa a hacerse cargo de los reclamos de los socios minoritarios. En este caso, TGN puede indemnizar o comprar las acciones de CMS.
–¿Cree que hay voluntad de admitir esta cláusula?
–Sí. Algunas, por lo bajo, hasta reconocen que su reclamo está sobredimensionado.