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Un estudio realizado por Cippec (centro de estudios de políticas públicas) sobre el proyecto de Revisión Tarifaria Integral (RTI) sostiene que “la autoridad regulatoria debe poner al consumidor en el centro de sus decisiones, transparentando el cálculo sobre el que se definirán las nuevas tarifas eléctricas”, principios que no se estarían cumpliendo en el actual proceso de audiencia pública, según demuestra. Advierte que la información disponible, suministrada por las empresas Edenor y Edesur, no fue accesible a los interesados hasta último momento, y diversos mecanismos de cálculo aplicados por las empresas, muchos de ellos técnicamente cuestionables, “van en la dirección de requerir mayor tarifa a ser pagada por los consumidores”.

Las siguientes son algunas de las consideraciones críticas formuladas por Cippec al actual proceso de definición de las nuevas tarifas:

- “El ENRE no ha brindado documentación que permita justificar, en base a lo estipulado por la ley 24.965, el cálculo de la tasa de rentabilidad”.

- “Las propuestas de las empresas presentan visiones contrapuestas en relación al tratamiento de la base de capital y a la tasa de descuento, que van en una misma dirección que es la de requerir mayor tarifa a ser pagada por los consumidores”.

- Se observa un tratamiento cuestionable de otras variables claves en el cálculo de la tasa de retorno, cuyo resultado final penaliza el descuento de los flujos futuros y, por ende, exige que el cálculo tarifario requiera de una mayor tarifa para garantizar el retorno de los inversores”.

- “Se propone usar los rendimientos de los bonos de Edenor entre 2015 y 2016, arrojando un valor de 9,96 por ciento, como aproximación del costo de la deuda. Estos valores están afectados por condiciones macroeconómicas adversas y sectoriales que son justamente las que se intentan revertir con esta RTI y que, seguramente, no van a ser las vigentes en el próximo período de revisión tarifaria”.

- Recién este mes “el ENRE en su página web presentó los estudios realizados por las distribuidoras. En algunos casos, estos estudios tienen fecha de junio o julio. Este atraso de tres a cuatro meses en su publicación ha quitado tiempo para aquellos interesados que quieren analizar y discutir la propuesta en profundidad”.