Los anuncios formulados por el ministro Roberto Lavagna en relación con la reestructuración de la deuda pública suponen, tal como lo reconoce el Gobierno, una flexibilización de los términos que habían sido expuestos en la reunión de Dubai.
El cambio fundamental consiste en el reconocimiento de los intereses vencidos impagos hasta fines del año 2003 o hasta mediados del año 2004 (dependiendo del nivel de aceptación de la propuesta). En la propuesta anterior se excluía totalmente el reconocimiento de los intereses, como un mecanismo para inducir a los acreedores a acelerar la conclusión de la negociación.
Debe tenerse en cuenta que luego del default los títulos públicos han seguido devengando las elevadísimas tasas de las colocaciones originales o del denominado “megacanje”.
También se contempla –en los recientes anuncios– para los primeros años un aumento al 2,7 por ciento del superávit fiscal primario destinado al pago de los intereses, cuando en la propuesta de Dubai se estipulaba un 2,4.
Finalmente, hay un aumento significativo en los cupones de intereses correspondientes a los tres categorías de títulos ofrecidos.
Aun con la quita anunciada, el total de la deuda pública seguirá representando una proporción elevadísima sobre el PBI –del orden del 85 por ciento– y el esfuerzo fiscal comprometido para servirlas –equivalente al 2,7 por ciento del PBI en los primeros años– comporta un enorme esfuerzo, sin precedentes en nuestro país, que afecta las posibilidades de atender las extendidas necesidades sociales y los requerimientos de inversión en infraestructura.
Pese a estas mejoras otorgadas a los acreedores es un hecho que la quita efectuada sobre las obligaciones reestructuradas es sustancialmente superior a la lograda por otros países que entraron en default.
La presión de los acreedores, de los organismos financieros internacionales y de los países integrantes del G-7 para lograr incrementos aún mayores en los pagos seguirán haciéndose sentir.
La defensa del interés nacional requiere una mayor participación directa de las organizaciones sociales y populares, así como de los representantes del pueblo en el Congreso de la Nación, a quienes constitucionalmente les corresponde el tratamiento de la deuda pública.
La sociedad en su conjunto no puede ser sólo espectadora de decisiones, que en última instancia soportará con sus propios recursos y afectará su calidad de vida.

* Presidente de Abappra.