El voto de Eugenio Zaffaroni a favor de la pesificación tuvo ayer una derivación judicial. Un abogado reclamó ante la Corte Suprema que se investigue la eventual “defraudación de proporciones colosales”, mencionada por Zaffaroni en su determinación, que habría producido la ley de intangibilidad de los depósitos sancionada por el Congreso tres meses antes de la instauración del corralito.
En los argumentos favorables a la pesificación, Zaffaroni expresó que “una ley que aseguraba esa intangibilidad casi en vísperas del agotamiento de un proceso traducido en insolvencia y cuya situación no podía ser desconocida para los técnicos, se aproximó mucho a la preparación de una defraudación de proporciones colosales”. Por lo cual el magistrado pidió que el procurador general de la Nación, Esteban Righi, investigue la responsabilidad de los funcionarios de Economía que elaboraron y alentaron esa norma. Como el razonamiento de Zaffaroni no fue acompañado por sus colegas de la Corte, el pedido al jefe de los fiscales se archivó.
En base a la apreciación de Zaffaroni, el abogado Juan Pandis volvió sobre el asunto. Consideró que “debe castigarse a los responsables (de la ley de intangibilidad) para que jamás vuelva a ocurrir un hecho tan lamentable como perverso, sin precedentes en la historia argentina”.
La ley de intangibilidad de los depósitos surgió en septiembre de 2001, en medio de rumores de que el gobierno de Fernando de la Rúa, con Domingo Cavallo como ministro, “pisaría” los ahorros. Fue la jugada para intentar ponerle un freno a la fuga de los depósitos. Pero no alcanzó y, en diciembre de ese mismo año Cavallo anunció el “corralito”, que en principio iba a levantarse en 90 días.