La tarifa es un punto clave en el que ya hay coincidencias importantes entre las partes. La empresa aspira a dos aumentos del 20% a partir del 2006, mientras que el Gobierno prevé uno de 15 y otro de 20, nimia diferencia que no daría lugar a ningún quiebre. Es más. La Unidad de Renegociación propuso dos revisiones periódicas, una anual y la otra quinquenal, que podrían dar lugar a incrementos adicionales, amén de una cláusula de mayores costos: si éstos superan el 5%, Aguas tendría derecho a un incremento adicional. No es todo. También propuso un inédito mecanismo de ajuste en la medida que mejore la capacidad de pago de la población, básicamente medida por la evolución de los salarios. Las discrepancias se esbozan en los 120 millones de pesos de subsidio que la empresa reclama como “compensación” por el déficit operativo que debería enfrentar este año. Y, fundamentalmente, por el manejo de los recursos destinados a obra. La aspiración del Estado es administrar ese dinero que, en gran medida, saldría de las arcas públicas, a lo que la sociedad comandada por Jean Lemire se resiste denodadamente. Aguas se niega a que la privatización se limite a un contrato de gerenciamiento, mientras que Julio De Vido quiere tener soberanía sobre el dinero que permitirá expandir el servicio con obras millonarias.