Además de alborotar las hormonas, la primavera promete traer un benéfico efecto sobre los desbocados precios de los lácteos: si, como se prevé, hubiera un aumento importante en la producción de leche, ello permitiría controlar la situación sin necesidad de reeditar un acuerdo como el que abortó en julio. A juicio oficial, tampoco hay demasiados riesgos con los crecientes valores de la carne, aunque en una reunión que hoy tendrán funcionarios de Economía con todos los representantes de la cadena el Gobierno intentará sellar un segundo pacto que sirva para limitar la escalada no ya en los cortes identificados como “populares”, medida difícil de controlar, sino en toda la media res.
“La culpa de todo la tiene usted”, chanceó días atrás un hombre de la industria frigorífica a Roberto Lavagna, sugiriendo que la escalada de los precios en los alimentos está convalidada por las mejoras salariales, que mueven al mercado interno. Es cierto que más del 80 por ciento de la producción se consume internamente y que esta demanda viene creciendo, a razón de 5 kilos en el primer semestre. Pero la otra razón más contundente es que tanto el sector cárnico como el lechero gozan de un boom que está básicamente alentado por las exportaciones. Post aftosa, para la carne se abrieron 80 nuevos mercados externos y las colocaciones se duplicarían este año, catapultándose de 500 millones de dólares a 1100. Así, Argentina conseguiría un honroso tercer puesto en el ranking internacional.
Después de un dramático derrape del sector –que en cuatro años perdió 2000 millones de litros de producción–, la lechería también se está recuperando vigorosamente, en parte traccionada por los buenos precios internacionales. Hoy Argentina vende afuera el 25 por ciento de los 10 mil millones de litros anuales que produce, seducida por el buen precio de la leche en polvo, corazón de las exportaciones del sector.
Los 2200 dólares la tonelada que se pagan en el exterior no sólo fueron un buen estímulo para que nuevas empresas invirtieran exclusivamente con miras a vender afuera, sino que también desataron una puja entre las fábricas para conseguir materia prima. Las exportadoras, obviamente, estuvieron dispuestas a pagar más que las orientadas al mercado interno.
Según el coordinador del Programa Nacional de Política Lechera, Juan Linari, el precio al productor subió 25 por ciento desde diciembre a julio, empujando los valores del resto de la cadena. Esos ajustes, sumados al afán de incrementar márgenes en sectores de la comercialización, habrían hecho trizas el acuerdo de precios que Agricultura había firmado en marzo para suspender las subas en leche fluida y quesos cremosos por 150 días, revisable a los 90.
La dificultad de reescribir ese pacto llevó al gobierno a subir el nivel de retenciones, cuya eficacia como recurso para limitar los precios internos está en duda. “No pensamos en un nuevo acuerdo, porque buscaría lo que igual se conseguirá naturalmente”, opina el funcionario de Agricultura, para quien el panorama es bastante alentador.
La apuesta oficial es que con el aumento importante en la oferta de leche que normalmente se produce en los meses de primavera, los altos precios de la leche y de los quesos (que absorben la mitad de la materia prima que se produce en el país) detengan su carrera. Incluso confían en una baja en el precio internacional, donde alcanzaron el máximo precio de los últimos quince años.
En Agricultura tampoco ven una situación dramática con respecto a la carne, a pesar de que en esta época del año se produce un fenómeno inverso: disminuye la oferta porque los productores retienen cabezas para aprovechar las resurgientes pasturas. Sin embargo, los 4 millones de animales en feed lot compensarían esa baja, del mismo modo que el impedimento de vender animales de menos de 300 kilos que regirá desde el 1º de noviembre, estimularía a liquidar terneros antes de esa fecha. Aun así, Economía buscará hoy sellar un acuerdo con productores, frigoríficos, consignatarios y supermercados para asegurarse que no habrá nuevas subas. No será fácil seducirlos a todos, considerando la diversidad de intereses. Los ganaderos piden beneficios impositivos y la industria que se eliminen las retenciones sobre las ventas del cuero crudo. El Gobierno no admite ni uno ni lo otro, al menos por ahora.