El diálogo entre el Gobierno y los empresarios para ampliar los acuerdos de precios vigentes no registró ayer avances, debido a la reticencia del sector privado a comprometerse a mantener valores de venta al público sin que se garantice la estabilidad en la estructura de costos. “La mayor preocupación para anudar un acuerdo a tres o seis meses es la incertidumbre sobre los costos, ya que un pacto en esos términos puede imposibilitar un ajuste, en caso de que aumenten componentes como la luz y el gas”, dijeron fuentes empresarias que solicitaron reserva.

La desconfianza empresaria quedó graficada en los múltiples pedidos para que no se conozcan los encuentros que se vienen desarrollando desde el inicio de esta semana en el Palacio de Hacienda. Los principales directivos de las empresas convocadas a la sede de la cartera económica ruegan que sus nombres no sean difundidos y se limitan a decir que “son encuentros muy preliminares”, cuando en varios casos ya desfilaron dos y hasta tres veces por las oficinas de los secretarios de Política Económica, Oscar Tangelson, y de Coordinación Técnica, Lisandro Salas.

La mayoría de las compañías les habría pedido precisiones acerca de los planes para 2006 en materia de ajustes tarifarios para evaluar la estructura de costos. Este es el centro de la estrategia oficial. Las autoridades están monitoreando la marcha de los acuerdos vigentes y paralelamente trabajando sobre la estructura de costos en toda la cadena de valor. Esta negociación sería la que sellaría el compromiso de ambas partes de mantener en reserva el contenido de las conversaciones.

Por su parte, la titular de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios, Sandra González, descubrió que los acuerdos del Gobierno con supermercadistas para no subir los precios de los productos de la canasta familiar “no son la solución de fondo” del problema, sino “un paliativo”.