Para que el impacto real de las subas de precios sea compatible con la percepción de cada consumidor sobre cómo se resiente su economía con la inflación debería haber tantas canastas de gastos como ciudadanos u hogares. La que utiliza el Indec, con datos que están en plena actualización, pretende expresar un consumo promedio, categoría que por propia definición deja de lado la realidad cotidiana de gran parte de la población, en particular de la ubicada en los estratos inferiores de la pirámide de ingresos y que destina el grueso de sus recursos a la comida.

La canasta de gastos es el instrumento básico para calcular el índice de precios al consumidor y la ponderación de cada rubro resulta clave para obtener un resultado justo. Pero según coinciden los técnicos abocados a estos temas, éste cambia, a veces drásticamente, según el ingreso total del hogar en cuestión, el lugar geográfico y, naturalmente, el momento histórico económico, factores que condicionan los hábitos de compra.

Educación es un buen ejemplo de cómo puede cambiar el peso relativo de un rubro. Según la canasta oficial, representa el 4,2 por ciento del gasto de ese hogar promedio, que es sólo construcción estadística. Sin embargo, hay más de un estudio privado que sube aquella incidencia hasta el 15 por ciento promedio para los consumidores ABC1, que destinan una proporción mayor del presupuesto a la educación privada. Lo mismo que ocurre con otros rubros hoy en cuestión, como la medicina privada y el turismo.

No se trata de una distorsión malintencionada, sino de una limitación técnica en la construcción del IPC, que sólo en parte está subsanada con la paulatina incorporación de información referida a nuevos conglomerados urbanos del interior del país. Así, mientras el IPC de Capital Federal y el conurbano se calcula sobre la estimación de que los ciudadanos destinan alrededor del 34 por ciento a alimentos, en las más pobres provincias del Norte tal proporción sube hasta el 40.

Después de la crisis hiperinflacionaria del ’89/’90, la Asociación Argentina de Marketing realiza su propia categorización del nivel socioeconómico de la población, con el propósito de que las empresas puedan afinar su estrategia de mercado en base a la segmentación real de la sociedad. El supuesto de este periódico trabajo –que se sustenta con auspicios de las grandes empresas– es que cada segmento tiene un consumo claramente diferenciado, idea tan fundada como reñida con la de una canasta única.

La última versión de ese estudio de la AAM es del año 2006 y tiene algunos contrastes notables respecto del anterior, que corresponde a 1996, ambos confeccionados sobre los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec. Desde el punto de vista metodológico, en el último informe privado se jerarquiza el tipo de ocupación de los aportantes a la casa, por encima del nivel educativo, sobre la base que la formación académica no garantiza un nivel de ingreso y por lo tanto de acceso a bienes.

El resultado del relevamiento 2006 también muestra una movilidad social descendente en el total país. Según los técnicos de la Asociación, hoy sólo un 5,6 por ciento de la población integra el privilegiado ABC1 (ingreso promedio del hogar de 4.265 por mes), contra el 11 por ciento de una década atrás. Los estratos inferiores (ingresos mensuales entre 550 y 1100 pesos), en tanto, pasaron del 54 al 59 por ciento. Cada una con su propio y diferenciado menú de consumo.