La arbitraria y errática intervención de los organismos estatales en estas contrataciones –encaradas por los grupos privados pero siempre avaladas en última instancia por la autoridad de aplicación– es otro de los puntos polémicos destacados por el trabajo de la Auditoría. En algún caso se admitió dolarizar la compras, aunque las resoluciones vigentes no avalaban esos ajustes. En otros, Transporte y las CNRT se excedieron en sus funciones, estableciendo contacto directo con las empresas contratadas cuando los mecanismos legales previstos no lo contemplaban.

En el año 2002 se le autorizó a Metrovías –grupo liderado por Roggio que opera los subtes porteños– que reemplazara la incorporación de diez coches nuevos por 24 usados tipo Nagoya, de origen japonés, por un monto de 20,85 millones de pesos. A principios del 2003 la empresa reclamó la dolarización del monto, ya que su contrato era en moneda dura: la autorización de gasto se amplió finalmente a 53 millones.

Más allá de la razonabilidad económica o legal de la decisión, ésta se tomó bajo el imperio de una resolución que no admite ni esta dolarización ni la redeterminación de precios, que se utilizó en otros casos, según el informe de los auditores. El plan de Ferrovías para remodelar 120 coches (originalmente eran 80) concluyó con un aval de Transporte al concurso de precios en el que la mejor oferta la presentó Emepa, líder del grupo adjudicatario: propuso cobrar 87,06 millones de pesos. Finalmente, se autorizó un presupuesto de 96,20 millones, más 4,21 por “gastos de gestión y dirección de obra”.

La AGN también imputa a la Secretaría de Transporte y a la CNRT apartarse del régimen de contratación previsto en la resolución 115/02. Esta dispone que en caso de que el Estado preste su conformidad a la oferta preseleccionada, el concesionario procederá a adjudicar y contratar los trabajos con quien resulte beneficiario, “el cual no tendrá relación alguna con la autoridad de aplicación”.

Sin embargo, el informe señala varias circunstancias en las que aquellas dependencias públicas tienen injerencia directa, lo que para los auditores configuran “irregularidades” que le “restan transparencia a la gestión”. Hay casos en los que la CNRT visó pliegos antes de la preselección de la oferta. Pero mayor es la citada transgresión de Transporte.

La secretaría a cargo de Ricardo Jaime, “en un mismo acto (resolución 421/03), aprobó la preadjudicación al estudio que realizaría el proyecto” de remodelación de las 22 estaciones de Ferrovías “y el resultado de dicha contratación (la elaboración del proyecto)”