Después del impacto destructor que tuvo sobre la economía nacional la privatización petrolera de Menem y el fracaso de un modelo energético incapaz de asegurar el autoabastecimiento, la reciente prórroga hasta el 2047 de la concesión de Cerro Dragón, firmada por las provincias de Chubut y Santa Cruz con el visto bueno del gobierno nacional, es un grave punto de inflexión y una acción antinacional que anuncia la reprivatización de las concesiones otorgadas por Menem, hasta su extinción.

Cerro Dragón es el principal yacimiento de petróleo del país, situado al sur de Chubut y al norte de Santa Cruz. Maneja el 25 por ciento de nuestras reservas y es explotado por la Pan American Energy, que es de British Petroleum –4ª petrolera mundial– y su asociada local Bridas. La prórroga fue adjudicada sin licitación, diez años antes de su vencimiento, como lo hiciera De la Rúa con Loma de la Lata en el 2000.

¿Cómo es posible que habiendo reservas superiores a 40.000 millones de dólares en el Banco Central, no se haya pensado en explotarlo entre la Nación y las provincias en beneficio del pueblo? ¿Cómo puede aceptarse que el Gobierno apruebe la compra del 25 por ciento de las acciones de YPF por capitales bancarios locales (Eskenazi) y no lo haga el Estado nacional? ¿Hasta cuándo los gobernantes van a facilitar negocios privados con recursos y riquezas públicas? ¿No bastaron las trágicas consecuencias que dejaron las entregas y traiciones de Frondizi, Menem y De la Rúa?

Hace un año, el presidente Kirchner revelaba que el 70 por ciento de los argentinos apoyaba la nacionalización del petróleo y el gas, pero en sus cuatro años de gobierno, lejos de avanzar hacia su recuperación, ha reafirmado el camino privatista iniciado por el menemato. Recordemos los permisos de exploración de la plataforma marítima continental –única área no concesionada– con libre disponibilidad del recurso y sus impuestos; los incentivos fiscales a las corporaciones para realizar la exploración que estaban obligadas a hacer por contrato y no hicieron; la reforma de la ley de hidrocarburos para traspasar el dominio total de los yacimientos a las provincias.

Arrastrando los argentinos una dolorosa historia de fracasos, debemos hacer el esfuerzo de superar las divisiones y unirnos para evitar la reprivatización de los hidrocarburos y la promulgación de la ley antiterrorista. Los sueños y esperanzas no reemplazan una realidad que no es blanca ni negra, sino de un gris oscuro que impide verla. Mientras se distraía a la ciudadanía con la aparente puja electoral entre modelos antagónicos, el Gobierno impulsaba iniciativas que sólo pertenecen al bando de los Menem-Macri: la prórroga de las concesiones petroleras en las mismas condiciones de los años ’90 y una ley antiterrorista que busca criminalizar la protesta social.

El país puede recuperar para beneficio del pueblo la fabulosa renta del petróleo y el gas. La nación más débil y pobre del continente demostró que era posible hacerlo con los hidrocarburos dentro de la ley y el orden y ninguna petrolera se fue de Bolivia. Todas las organizaciones políticas y sociales, así como los referentes culturales e intelectuales, deben expresarse públicamente por la defensa del petróleo y de nuestros recursos naturales.

Una vez más, la historia demuestra la falsedad de la antinomia centroizquierda versus centroderecha. Hoy como ayer, el conflicto se plantea entre el proyecto nacional, democrático y antiimperialista, o el antinacional, que entrega nuestro patrimonio. Parafraseando al doctor Alejandro Olmos, decimos: “O se está defendiendo nuestros recursos petroleros o se está con las corporaciones y los enemigos del pueblo argentino”.

* Presidente de Moreno (Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora).